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Hasta el PSE admite que la nueva Ley de Cajas tiene fallas en pluralidad

El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer una Ley de Cajas de Ahorro que propuso el Gobierno del PSE pero que un pacto entre PNV y PP ha acabado diseñando a su deseo para garantizarse el control mayoritario de Kutxabank.

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Iñaki IRIONDO | GASTEIZ

La nueva Ley de Cajas de Ahorros de la CAV, aprobada ayer en el Parlamento de Gasteiz, resulta un exponente de las limitaciones e intereses que dominan la política vasca. Por un lado, la ley surge de la falta de competencias plenas y de la necesidad de adaptarse a la legislación española, que reduce a un 40% la participación de las instituciones públicas en las cajas de ahorro. Junto a esto, el texto aprobado también muestra las limitaciones del PSE como partido de gobierno, ya que presentó un proyecto al que su socio preferente durante la legislatura ha acabado dando la vuelta como a un calcetín. Y, por último, se ha vuelto a comprobar -como ocurrió en la creación de Kutxabank- que cuando de control de dinero y de poder se trata, PNV y PP no tardan en ponerse de acuerdo.

La ley contó ayer con la aprobación mayoritaria de la Cámara. Solo los parlamentarios elegidos en las listas de Aralar, EA, UPyD y Ezker Anitza se opusieron. Pero el PSE se vio en la necesidad de exteriorizar un «sí pero no», votando en contra de los artículos en los que se determina la composición de los órgano de gobierno de las cajas, por considerarla poco respetuosa con la pluralidad, pero votando luego a favor del conjunto de la ley, por ser una iniciativa de su propio Ejecutivo y por entender que es mejor que la anterior.

Menor participación pública

Una de las principales novedades de esta Ley de Cajas es que la participación institucional en la Asamblea se reduce al 40%, siguiendo los dictados de la norma estatal. La reducción pretendió atajar la «politización» de las cajas, que en algunos casos en el Estado español se había traducido en la financiación de infraestructuras absurdas y en el uso en beneficio partidista y personal de determinadas entidades.

Sin embargo, como criticaron Ezker Anitza, EA y Aralar, la reducción de la presencia institucional también merma el posible control público de las cajas.

Otro elemento que pretendía ser novedoso era el reparto de ese 40% de la cuota institucional en los órganos de gobierno. Hasta ahora estaba en manos de las entidades fundadoras (diputaciones y ayuntamientos de las capitales) y de los municipios en los que hubiera sucursales de la caja. El proyecto del Gobierno de López añadió al reparto el Parlamento de Gasteiz y las Juntas Generales. Sin embargo, el pacto entre PNV y PP ha dejado fuera a la Cámara autonómica, manteniendo las JJGG y potenciando más a las entidades fundadoras.

Quien sale reforzada en la nueva ley es la parte de la Asamblea que eligen los impositores, que se eleva hasta el 48%. Estos compromisarios son elegidos pero no por sufragio universal de todos cuantos tienen sus ahorros en la entidad, sino que solo pueden votar un número determinado de ahorradores escogidos por sorteo ante notario.

En el debate de ayer, el PNV hizo especial hincapié en este punto -quizá para eludir otras acusaciones- reprochando a Aralar, IU y EA que quisieran quitar voz «al que se juega el dinero» en las cajas, como si los ahorradores hubieran sido alguna vez y fueran a serlo en el futuro quienes dirigieran los pasos estratégicos de entidades como Kutxabank.

La nueva composición de las asambleas será 17% de las entidades fundadoras (antes, 20%), 17% de municipios (antes, 30%), 6% de las JJGG (antes, nada), 48% de los impositores (antes 43%), 7% de los empleados (igual) y 5% de «entidades representativas» aún sin determinar (antes, nada).

Criterio mayoritario

Pero para hacerse con el control de cada una de las cajas o de su unión bancaria en Kutxabank, además de la composición de las asambleas, hay que determinar cuál es el posterior método de elección. El proyecto de ley propuesto por el Gobierno del PSE pretendía que se pudiera alcanzar una representación proporcional al peso que cada partido tiene en cada uno de los territorios.

Sin embargo, el pacto de PNV y PP vuelve al sistema mayoritario, vigente en la vieja ley, y que permite que las formaciones mayoritarias en cada órgano copen toda su representación. En la medida de que el PNV domina las grandes instituciones vizcainas y el PP las alavesas, se garantizan un control en BBK y Vital que luego traducen, como ya hicieron recientemente, al consejo de administración de Kutxabank.

Según PP y PNV, esta medida pretende prevenir que la traslación de la fragmentación política a los órganos de gobierno de cajas y Kutxabank las hagan «ingobernables».

Entre los grupos que votaron en contra del proyecto, el portavoz de Aralar, Dani Maeztu, denunció que «la nueva Ley de Cajas destruye el modelo de cajas de ahorro». «Desde Aralar siempre hemos defendido la unificación de las cajas, sumando la ahora desaparecida CAN de Navarra, pero tanto PP y PSE como PNV han preferido primar el reparto de los puestos de representación política», afirmó.

Mikel Arana, de Ezker Anitza, habló de «lay anticajas», porque lo que hace en realidad es suprimirlas para convertirlas en bancos. Apuntó que, tras la creación de Kutxabank, «a día de hoy no existe en la CAPV ninguna caja de ahorros».

Juanjo Agirrezabala, de EA, denunció la reducción de la representación municipal y su pluralidad, y aseguró que este paso de PNV, PSE y PP no es ajeno a que en las pasadas elecciones Bildu fuera la fuerza con mayor implantación en los ayuntamientos de la CAV.

Asambleas no representativas definirán los estatutos

La Ley de Cajas de Ahorro aprobada ayer recoge en su disposición transitoria segunda que cada una de las tres entidades dispone del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma para adaptar sus estatutos y reglamentos a las nuevas disposiciones. La transitoria cuarta recoge que los integrantes de los actuales órganos de gobierno cesarán cuando se hayan elegido los nuevos. Y la quinta determina que la renovación se hará en los dos meses siguientes a la adaptación de los estatutos y reglamentos.

Conclusión: que todo el proceso está marcado por unos órganos de gobierno de BBK, Kutxa y Vital que no responden a la distribución electoral e institucional que la ciudadanía determinó en las pasadas elecciones municipales y forales.

La treta realizada por PNV, PSE y PP el 2 de febrero de 2012 alcanza así todo su valor. Estos tres partidos acordaron y aprobaron en el Parlamento la suspensión de la renovación de las asambleas de las cajas, que debería haberse efectuado entre marzo y abril para adaptarlas a los resultados de las elecciones municipales y forales. Lo llamativo es que para ello utilizaron una artimaña, que en su día el Tribunal Constitucional declaró como ilegal, consistente en introducir la prórroga de los órganos de gobierno de las cajas en una ley que no tenía nada que ver con ellas. En este caso fue a través de una disposición adicional a la Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia.

EA tiene recurrida esta decisión ante el TC, aunque para cuando llegue una decisión será ya demasiado tarde.

Los integrantes de Bildu denunciaron que con ese movimiento PNV, PSE y PP pretendían impedir la entrada de la coalición en los órganos de gobierno de las cajas en la medida de los resultados electorales obtenidos y que ello obedecía a su interés por modelar las cajas y Kutxabank a su antojo.

La adaptación a la nueva ley de los estatutos y reglamentos de cada una de las cajas exige la conformidad de dos terceras partes de los participantes en la asamblea. Si la renovación se hubiera producido a tiempo, PNV, PSE y PP no dispondría de la mayoría suficiente para introducir los cambios en Kutxa. Sin embargo, de esta forma, además de aprobar la ley en un Parlamento sin la izquierda abertzale, también podrán hacer su adaptación en unos órganos que responden a los tiempos del apartheid y donde todavía tienen presencia partidos ya inexistentes como Hamaikabat!. I. IRIONDO

Garitano denuncia la comunión entre PNV y PP

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, de Bildu, siguió ayer desde la tribuna la sesión de aprobación de la Ley de Cajas, acompañado de Josu Ruiz, portavoz del gobierno municipal de Donostia. Tras la votación, comparecieron ante los medios acompañados por el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, y denunciaron que PNV y PP se habían aprovechado de la situación «de excepción» del Parlamento para asegurarse el control de Kutxabank sin atender a la pluralidad de la sociedad.

Fue Martin Garitano quien tomó la palabra y aseguró que la ley aprobada «está lejos de representar el modelo de país y de banca pública que necesita Euskal Herria y pone los intereses de partido por delante de la reflexión de lo que debe ser el sistema financiero». Recordó las operaciones para la compra de Caja Sur y el intento en Catalunya Bank, y las operaciones inmobiliarias en la Comunidad Valenciana, estrategias que «no responden a los intereses de futuro económicos de Euskal Herria o de su ciudadanía, sino que son intereses de capital, operaciones en la misma línea que las que han alimentado esta crisis».

Garitano denunció que la Ley de Cajas calca la normativa estatal, «un modelo que se ha demostrado fracasado, ruinoso y que ha obligado al rescate como ha sucedido con Bankia, donde, por ejemplo, no se acaba de abordar la responsabilidad política del PP».

El diputado general de Gipuzkoa señaló también que el PNV «comparte el modelo financiero del PP, el mismo que ha llevado al Estado a necesitar el rescate de la Unión Europea».

Desde Bildu se subrayó que con la Ley de Cajas aprobada «se ha perdido la oportunidad de estructurar lo más parecido que en estos momentos podemos tener a un banco público para que responda a las necesidades de la sociedad vasca y al tejido productivo de las personas que la forman». GARA

concentración

En el exterior de la Cámara tuvo lugar una concentración de LAB en contra de la aprobación de la Ley de Cajas por no responder a los intereses de la ciudadanía.

votaciones

La votación enmienda a enmienda obligaba a más de doscientas votaciones. Cuando llevaban un tercio, la presidenta propuso juntarlas por grupo proponente. Y así se hizo, votando por quién proponía las enmiendas y no por lo que decían.

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