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Itziar Lizarralde, Errose Erezuma, Begoña Castillo y Nerea Zabala | Egia, Justizia eta Oroitzapena

Verdad y Justicia en el caso Naparra

Como no esperamos ningún movimiento por parte de los estados francés y español para resolver este abominable crimen pensamos que deben ser las instancias internacionales las que se muevan y presionen a estados implicados

Recientemente ha visitado Euskal Herria una delegación de Amnistía Internacional (AI). En la prensa hemos leído que el grupo ha mostrado su temor a que no todas las víctimas de vulneraciones tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Amnistía Internacional reclama como principio que todos los afectados tengan derecho a que «la verdad sea reconocida, los perpetradores llevados ante la justicia y las víctimas deben obtener reparación».

La delegación de AI valora el reconocimiento adecuado de las víctimas de ETA, pero se muestra crítica con algunos aspectos del decreto del gobierno sobre los afectados por la violencia del Estado en el periodo 1960-1978, ya que no implica el derecho a que los autores de aquellas vulneraciones sean juzgados. Por lo que en, nuestra opinión, la reparación de la que habla el gobierno se limita al pago de una indemnización a cambio precisamente de la renuncia a la verdad y a la realización de la justicia.

Además, AI se muestra temeroso por la previsible exclusión en el segundo decreto, el correspondiente a las vulneraciones de derechos a partir de 1978, de importantes colectivos como el representado por aquellas personas que han sido sometidas a tortura, que en Euskal Herria constituyen legión. Para nosotros, ambos decretos no constituyen ningún paso adelante, aunque parcial, como opinan algunos, sino que se trata de un auténtico fraude. Por sus motivaciones, su arbitraria periodización, la exclusión de numerosas víctimas, represaliados y militantes, la no mención al terrorismo de Estado, la desigualdad en la reparación y en el trato, y un largo etc. Y, por supuesto, por el trueque, como ya hemos dicho, de dinero por verdad y justicia, lo que ofende a la conciencia de mucha gente.

Desde luego el caso que no va a entrar en decreto alguno es el del secuestro, asesinato y desaparición de José Miel Etxeberria, Naparra, cuyo 32 aniversario ha tenido lugar reciente- mente. Entre otras razones, porque el Estado no se hace responsable alguno de ese crimen de lesa humanidad y, por consiguiente, no ha habido aquí verdad y, por lo tanto, ni justicia ni reparación.

Después de pasado tanto tiempo no se conoce el lugar donde están depositados sus restos, ni las circunstancias y motivos de su asesinato, ni sus autores materiales, ni los responsables políticos que ordenaron su muerte. Solo existen, acerca de lo anterior, ciertas fundamentadas sospechas, algunas certezas claras, escasas pruebas materiales, bastantes incógnitas, una convicción popular sobre quién fue la instancia responsable del crimen, y la absoluta seguridad de la nula voluntad de los estados francés y español en aclararlo.

Como referencias más sólidas, la reivindicación reiterada del Batallón Vasco Español (BVE), organización terrorista vinculada a las cloacas del Estado, y ciertas pistas relevantes que llevan a confirmar la autoría de los hechos abominables por parte de mercenarios franceses relacionados con aquella. Sin olvidarnos del contexto político de los años que van de 1975 a 1981, en el que el terrorismo de Estado utilizaba para sus acciones, según periodistas e historiadores, a miembros de la ultraderecha argentina, a neofascistas italianos y a mercenarios del hampa francesa, entre otros.

Como no esperamos ningún movimiento por parte de los estados francés y español para resolver este abominable crimen pensamos que tienen que ser las instancias internacionales las que se muevan y presionen a los estados implicados para ofrecer algo de luz. Y entre ellas, AI. Y sería bueno que en sus visitas al Estado español reclamara de sus dirigentes una investigación rigurosa de este y otros casos de desaparecidos pues son asuntos que no prescriben y la humanidad entera se encuentra concernida.

Pero somos nosotros, la gente de Euskal Herria principalmente, los que compartimos los valores por los que luchó, los que tenemos la responsabilidad de asumir la iniciativa de descubrir la verdad y reclamar que se haga justicia. Se lo debemos a Patxi, que desde un lugar misterioso nos lo pide. Se lo debemos, también, a Celes, que guarda en su corazón la llegada de alguna noticia. Se lo debemos a Eneko y a todas las personas que en nuestro país aman la libertad, respetan a los militantes que lucharon por ella y no pueden admitir que sucesos tan crueles e injustos queden impunes.

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