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Colectivos sociales de Bizkaia critican a Lanbide por su campaña de criminalización

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Juanjo BASTERRA |

Lanbide denunció e informó al Departamento de Interior de «prácticas mafiosas» de venta fraudulenta de citas de atención al público en las oficinas de San Martín y Txagorritxu en Gasteiz, y en Mazarredo y Rekalde en Bilbo.

Esta denuncia de «interés ciudadano», como explica el Servicio Vasco de Empleo, no ha caído en saco roto porque los colectivos sociales de Bizkaia, entre ellos Berri-Otxoak de Barakaldo, criticaron ayer que, de nuevo, «la dirección de Lanbide, utilice el alarmismo y una a las prestaciones sociales palabras grandilocuentes como `mafias organizadas', `personas que pasan necesidad' y `perseguir cualquier comportamiento fraudulento', cuando lo único que demuestra es que no es capaz de gestionar un servicio, que incumple la ley constantemente y que la única manera que tienen de justificarse es estigmatizando a los ciudadanos».

Los colectivos sociales manifiestan que «lo que realmente ataca `al legítimo derecho de los ciudadanos a ser atendidos de forma correcta y rigurosa por un servicio público perteneciente a todos los vascos', como nos dice Lanbide, es que haya que esperar citas, en ocasiones, de más de un mes, para solicitar un derecho, que se adquiere desde el día que se solicita, haciendo perder fraudulentamente meses del prestación».

Estos organismos preguntan hasta dónde llega «esa desesperación que obliga a pagar por ser atendidos en una oficina. Llevamos meses denunciando estas irregularidades y hasta el Ararteko ha tenido que tomar cartas en el asunto». Por eso, indican que para Lanbide, «que haya que esperar colas y pelearse por números antes de que abran las oficinas, no perjudica la imagen del organismo ni atenta gravemente al interés de la ciudadanía».

Las entidades sociales exigen s que, «ya que han solicitado que la Ertzaintza establezca un dispositivo de seguridad en esas cuatro oficinas, compruebe que se infringe la ley constantemente, al no disponer de registro tal y como les obliga la ley, se ofrece información falsa a las personas usuarias con el fin de retardar las prestaciones y se inventan números clausus de atención diaria sin ninguna base normativa».

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