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Dívar achaca su dimisión a una «campaña cruel y desproporcionada»

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo español, Carlos Dívar, presentó ayer su dimisión, convirtiéndose en el primer presidente del Poder Judicial que abandona su cargo. Lo hizo «dolido» por considerar que ha sido «víctima de una campaña cruel y desproporcionada», citando expresamente a los medios de comunicación. Antes de irse, reiteró que no hizo «nada malo».

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El hasta ayer presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ), Carlos Dívar, fue uno de los primeros en llegar a la sede del órgano de Gobierno de los jueces, donde le esperaba un tenso y frío pleno extraordinario, el tercero en este último mes tras conocerse que cargó a los presupuestos de este órgano parte del coste de 32 viajes que realizó a Marbella y a otros destinos en fines de semana -siempre alojándose en hoteles de lujo- por valor de cerca de 28.000 euros. Lo hizo a las 09.20, aunque el pleno no estaba convocado hasta las 11.00. Entre los vocales que ya habían llegado para esa hora estaba el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, que lo sustituyó temporalmente.

Diversas fuentes dieron por hecho que presentaría su dimisión por el alcance que ha tenido la polémica y más aún después de sus declaraciones del pasado sábado, en las que anunció para ayer una decisión «contundente». Pero antes de hacerlo, pidió una «prórroga» para poder presidir los actos del bicentenario del Supremo, a cuya apertura estaba invitado el rey, que, finalmente, no acudió porque viajó a Riad a los funerales del príncipe heredo saudí y, en su lugar, mandó a su hijo.

Dívar tardó un cuarto de hora en anunciar su dimisión, evitando así que los 20 vocales del CGPJ -con él 21- votasen y le pidieran su renuncia.

Según fuentes del órgano judicial, Dívar mantuvo en todo momento una actitud «fría y distante». Aseguró no tener «conciencia de haber hecho nada malo, pero la situación era insostenible», y la achacó a una «campaña cruel y desproporcionada». Aunque dijo no guardar «rencor», hizo una mención expresa a los medios de comunicación. Insistió en que no se siente «culpable de nada».

Pese al escándalo y a las informaciones publicadas este último mes, sus compañeros votaron por unanimidad un acuerdo de reconocimiento a su «trabajo» al frente del CGPJ y del Supremo y durante sus 43 años de ejercicio en la carrera judicial.

Pero a pesar de este respaldo, la mayoría de vocales reconocieron el daño ocasionado a la institución juidicial.

Dívar comenzó su carrera jurídica ejerciendo como magistrado en distintas localidades como Castuera, Durango, Orgaz y Donostia. En 1980, fue nombrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, donde fue designado presidente 21 años después, en 2001.

Mantuvo este cargo hasta su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo y del órgano de Gobierno de los jueces en setiembre de 2008, puesto para el que fue elegido por unanimidad por los veinte vocales del CGPJ.

Propuesto por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su figura fue calificada en una declaración institucional avalada por los vocales como la «persona idónea para generar confianza y consenso en el órgano de Gobierno de los jueces».

Los vocales destacaron en aquel momento los méritos y cualidades que concurrían en su persona, especialmente su condición de jurista de Estado y su idoneidad para presidir el Tribunal Supremo y el órgano de Gobierno del poder judicial para que éstos tuvieran «eficacia y gozaran del prestigio y de la credibilidad necesarios entre los ciudadanos». También resaltaron la capacidad de diálogo y la trayectoria profesional «impecable» de Dívar durante sus casi 40 años de ejercicio, caracterizados por su «independencia, prudencia, discreción y preparación técnica», entre otros elogios.

Sobre su futuro, analistas coincidieron en que a sus 70 años, lo más probable es que opte por la jubilación.

El Gobierno español pide «mirar hacia adelante»

El ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, expresó su respeto por la decisión de Carlos Dívar y pidió «mirar hacia adelante, contribuyendo todos a fortalecer el prestigio de los magistrados. Desde luego, el Gobierno va a estar permanentemente en esa actitud». «La estabilidad de un órgano de Gobierno de uno de los poderes del Estado, como el CGPJ, es fundamental para la judicatura y para toda la sociedad española. Lo es también para lo que nos preocupa a todos los españoles, que es la superación de la crisis económica, donde juega una parte muy importante la resolución de los conflictos», manifestó.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, instó al CGPJ a que se ponga a «trabajar para recuperar la credibilidad, porque la ha perdido a chorros».

Desde IU, su portavoz parlamentario, José Luis Centella, remarcó que ahora «se abre un nuevo tiempo», aunque reconoció que «en la Justicia hay una herida que no se puede cerrar».

Asociaciones de jueces valoraron positivamente la dimisión, aunque con diferentes matices. La mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura agradeció a Dívar que haya «reconducido a la institución a la normalidad».

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, subrayó que los gastos de Dívar se contradicen con la situación de muchos jueces que atraviesan por «graves dificultades económicas».

En opinión del portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, se ha puesto fin a «una situación agónica». GARA

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