TRAS LA LEGALIZACIÓN
Tras derribar la ilegalidad, a construir Sortu
Una vez legalizado Sortu por el Tribunal Constitucional, los rostros más referenciales de la izquierda abertzale oficializaron ayer su voluntad de participar en el proceso constituyente de la que será su nueva formación. Cerca de centenar y medio de personas comparecieron en un acto en el que invitaron a toda su base social a afiliarse a este proyecto a la vez que reafirmaban su apuesta por la alianza con otras formaciones de izquierdas y soberanistas.
Imanol INTZIARTE |
Decenas de rostros referenciales de la izquierda abertzale durante las últimas décadas se dieron ayer cita en Donostia para expresar su «firme voluntad de participar en el proceso constituyente de Sortu» junto a «todas aquellas personas independentistas y de izquierdas que estén dispuestas a construir una herramienta eficaz para el cambio político y social en Euskal Herria».
De este modo, llamaron «a toda la militancia y la base social de la izquierda abertzale a que participe en dicho proceso y se convierta en sortzaile», afiliándose a la nueva formación po- lítica.
En un acto en el que tomaron la palabra Maribi Ugarteburu y Pernando Barrena, los representantes independentistas subrayaron que «tenemos que construir una alternativa para traer la democracia a Euskal Herria», frente a un modelo actual «agotado» que se encuentra «tutelado y secuestrado por la élite económica».
Dicha alternativa pasa por poner en marcha «un instrumento político para impulsar una revolución democrática. Y este cambio lo queremos hacer sumando voluntades, con la gente y para la gente».
En ese sentido, reiteraron su apuesta por «profundizar en el trabajo conjunto entre las formaciones políticas de izquierdas y soberanistas del país», una fórmula puesta en marcha con Bildu, que tuvo continuidad con Amaiur -en el acto estuvieron presentes los diputados Sabino Cuadra y Xabier Mikel Errekondo- y que pugnará en las próximas autonómicas bajo la denominación EH Bildu.
«Las dinámicas de trabajo conjunto entre fuerzas políticas, sindicales y sociales soberanistas y de izquierda será la garantía más sólida para un escenario de emancipación política y social de Euskal Herria», sentenciaron.
Ugarteburu y Barrena indicaron que tras una década de ilegalizaciones «la Ley de Partidos ha fracasado; no han podido destruir a la izquierda abertzale, ni muchísimo menos el proyecto político independentista que representa», algo que atribuyeron a «la movilización y el clamor popular».
Pese a las duras condiciones, la izquierda abertzale «ha impulsado el nuevo escenario abierto en nuestro país» con su documento ``Zutik Euskal Herria'', que seguirá siendo en el futuro «la base de la actividad política», si bien deberá ser lógicamente la afiliación de Sortu la que tenga la última palabra.
Los portavoces recordaron que hay aún organizaciones fuera de la legalidad, sumarios abiertos, muchas personas encarceladas y más de 200 encausadas «en sumarios de carácter político», por lo que urge seguir «desmontando el andamiaje judicial de excepcionalidad».
Indicaron que el Estado español «mantiene su actitud de boicot» frente al diálogo, con una política penitenciaria «criminal», la «cadena perpetua mediante la `doctrina Parot'» y sentencias como la del «caso Bateragune». A su juicio, será la unión de fuerzas en Euskal Herria y la incidencia de la comunidad internacional lo que haga cada vez más difícil al Estado mantener esa posición.
El Tribunal Constitucional dio a conocer ayer el contenido de los 77 folios de la sentencia que permite la inscripción de Sortu por entender que el Supremo vulneró su derecho de asociación. El núcleo de la legalización se basa en que, «frente a la hipótesis del fraude» que sostuvo la Sala del 61 y los firmantes de los tres votos particulares, se eleva la contundencia de la redacción de los estatutos en lo relacionado con la violencia.
La mayoría del Constitucional sostiene, repitiendo el argumento utilizado para permitir la concurrencia electoral de Bildu, que «la mayor o menor sinceridad» de lo que se refleja en los estatutos es «un dilema insoluble para el Derecho», que solo puede solucionarse a partir de los hechos observables e imputables al partido que pueda hacer en adelante.
En ese sentido, la sentencia recoge, como hiciera también en el caso de Bildu, que si Sortu hubiera tratado de defraudar la ley existen suficientes instrumentos de control «a posteriori» para proceder a su ilegalización. Recuerda además el Tribunal Constitucional que las sucesivas reformas legales han ido endureciendo estas condiciones y llevándolas incluso a poder actuar contra candidaturas después de que se hubieran celebrado las elecciones.
En este contexto, el Tribunal Constitucional utiliza la sentencia para «llamar la atención sobre algunas conductas que, por su manifiesto contraste con el principio democrático y el pluralismo político, pueden conducir a la ilegalización de una determinada formación política». Sin embargo, el catálogo de actuaciones que enumera no van más allá de aquello que ya se recoge en las leyes o en anteriores sentencias del propio TC. La única novedad puede ser la derivada de la adecuación a la última reforma realizada en setiembre a la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Victimas del Terrorismo.
En cualquier caso, resulta significativo que la sentencia recoja un catálogo de conductas que obviamente ya figuran en la legislación actual, aunque algunos medios lo interpretaron como un intento de la ponente de poder sumar a sus tesis a alguno de los cinco magistrados que votaron en contra.
Tres de ellos han firmado sendos votos particulares, en los que consideran que el TC se ha extralimitado en sus funciones e incluso critican el catálogo. I.IRIONDO
Magistrados de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, junto a catedráticos y abogados penalistas, abogaron ayer por hacer una interpretación del Derecho que permita avanzar hacia el final definitivo de ETA y la reconciliación de la sociedad vasca. El encuentro estuvo organizado por la Fundación Sabino Arana.
El l magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Joaquín Giménez y el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada valoraron positivamente la sentencia de legalización de Sortu en el camino hacia la normalización política de Euskal Heria, Coincidió con ellos el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien destacó que el Tribunal Constitucional haya hecho «una interpretación de la Ley de Partidos y de la Constitución garantista del derecho de participación política».
El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada añadió que cree que el Tribunal Constitucional podría revocar la condena del «caso Bateragune». Recordó que uno de los fundamentos que el Tribunal Supremo utilizó como elemento de condena son documentos que, «en su momento, el Tribunal Constitucional ya determinó que no eran suficientes como para ilegalizar a Bildu».
Entre los asistentes al encuentro de la Fundación Sabino Arana estaba Iñigo Iruin, abogado de Sortu y los condenados por Bateragune. GARA
