El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decidido anular el expediente sancionador impuesto por el Ayuntamiento de Bilbo a Txori Barrote y Kaskagorri, que durante dos años no han podido instalar sus txosnas en el recinto festivo de Aste Nagusia. Este fallo judicial, unido a una resolución anterior que rechazaba de plano que la actitud de ambas comparsas hubiera resultado «lesiva para las víctimas», que había sido el argumento esgrimido para sancionarlas, desnuda el afán censor que ha guiado en este tema al Consistorio y, sobre todo, el despotismo del alcalde, Iñaki Azkuna.

Cuando se hizo pública la inhabilitación de dos años, las comparsas ya advirtieron al primer edil de que no podía aplicar tal sanción, no solo por lo que subyacía en el fondo de la misma, un ataque al modelo festivo de Bilbo y a la libertad de expresión, sino también porque legalmente no era posible. Ahora, el tribunal les ha dado la razón. Txori Barrote y Kaskagorri han sido objeto de una campaña de persecución, con un esperpéntico informe de la Ertzaintza como arma principal y en cuyo origen está la animadversión que siente Azkuna hacia todo lo que ellas representan. Su empecinamiento, difícilmente explicable para quienes trabajan por el buen desarrollo de las fiestas, dice mucho del carácter inquisitorial del jeltzale, que en los últimos años ha protagonizado varios episodios de prepotencia y hostilidad hacia el movimiento social bilbaino. El derribo de Kukutza y la prohibición del Konpartsero Eguna son dos claros ejemplos de su forma de hacer política.

Precisamente, su trayectoria impide albergar esperanzas de que extraiga lección alguna de lo ocurrido. Pero, al menos, el fallo impedirá que vuelva a cometerse una injusticia como la que han padecido dos comparsas muy arraigadas y cuya presencia es necesaria para que Aste Nagusia siga siendo lo que siempre ha sido y que algunos desearían que no fuera: una fiesta especial, viva, nacida del pueblo y que se debe a él.