El acto protocolario celebrado el 18 de octubre en la capital noruega para escenificar ante los medios la constitución formal de la mesa de diálogo entre el Gobierno y las FARC sirvió para, entre otras cosas, reflejar la voluntad de las partes pero también la tirantez que hay entre ambas. Una misma mesa aunó dos visiones de país y lenguajes diametralmente opuestos. Y aunque no estuvieron presentes, no cabe olvidar el rol tan importante que juegan los terratenientes y las multinacionales extranjeras, por un lado, y la ciudadanía, por otro, cansada de tanta guerra.

Los primeros en entrar en la sala de conferencias del hotel Hurdal fueron los delegados de la guerrilla, seguidos por los del Gobierno colombiano.

Entre el jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, y el del Ejecutivo, Humberto de la Calle, se sentaron estratégicamente representantes de Noruega y Cuba, países garantes del proceso.

Y tan solo cuatro sillas separaban a Iván Márquez del general y ex comandante de las Fuerzas Militares Jorge Enrique Mora, cercano a los postulados del expresidente Alvaro Uribe y responsable, tras la ruptura del proceso de conversaciones del Caguán al que se opuso desde su inicio, de diseñar y ejecutar el Plan Patriota durante el primer año de gobierno de Uribe.

Su rostro destacó entre los demás porque en ningún momento reflejó un gesto de aprobración o desagrado, ni siquiera cuando Márquez reclamó «el surgimiento de unas nuevas Fuerzas Armadas», el fin de «la sumisión a Washington» y denunció el elevado gasto militar.

Su presencia y participación en este nuevo intento acaparó también la atención de los medios. Hubo quien, en el turno de preguntas, se atrevió a preguntarle cómo se había sentido a tener tan cerca a los principales líderes de la guerrilla contra la que él ha combatido por años.

No hubo respuesta porque Humberto de la Calle zanjó de inmediato la cuestión dejando claro que solo él iba a hablar. Pero, de regresó a Bogotá sí habló para reiterar que no aceptarán «la exigencia de disminución de Fuerzas, de presupuesto o de cambiar la doctrina militar. No se va a negociar las Fuerzas Militares en la mesa de conversaciones». Aseguró también que «no cesan las operaciones, no hay zonas de despeje, no se suspenden procesos judiciales contra integrantes de las FARC. Se suspendieron órdenes de captura para su traslado a La Habana, pero la justicia continúa como debe ser». Sin duda una demostración de fuerza pero en la que también cabe el reconocimiento de que «más del 90% de las guerras y conflictos que se realizan en el mundo termina en una mesa de conversaciones o de negociaciones, como se quiera llamar. Y este conflicto o esta guerra que nosotros estamos viviendo no es la excepción».

Un diálogo que para las FARC debe implicar «una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad». Según denunció Márquez, «más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50% de la población económicamente activa agoniza entre el desempleo y el subempleo, 6 millones de campesinos deambulan víctimas del desplazamiento».

En varios momentos de su extensa intervención, insistió en que «este no es un espacio para resolver los problemas particulares de los guerrilleros, sino los problemas del conjunto de la sociedad (...) La paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares».

Sus palabras irritaron profundamente a De la Calle que, tras una breve pausa para que salieran las dos delegaciones y regresara únicamente la del Gobierno, dijo a cada pregunta que la única agenda es la pactada el 26 de agosto en La Habana y que no era de recibo que el líder guerrillero hiciera alusiones personales en su alocución.

Lo que verdaderamente encierra el debate suscitado entorno al contenido y, en concreto, el preámbulo de la agenda es la visión tan opuesta de las partes para encarar el desarrollo económico y social del país.

Una polémica alimentada a poteriori por los principales medios de comunicación colombianos, que han acusado a las FARC de querer desvirtuar lo pactado en La Habana.

Estas discusiones son, hasta cierto punto, comprensibles en cualquier proceso de diálogo. Por ello, los actores de esta obra coral piden cautela, prudencia, responsabilidad y apelan a un «optimismo moderado». Saben de las inmensas dificultades a las que se enfrentan, sobre todo en la fase siguiente a la firma del «acuerdo general para la terminación del conflicto». La experiencia demuestra que lo que sigue a una ruptura es una mayor confrontación bélica.

En tal caso, el jefe del Secretariado de las FARC, Timoleón Jiménez ha abogado por acordar «un tratado de regularización de la guerra, que incluya la cuestión del uso y empleo bilateral de explosivos y de operaciones de bombardeo indiscriminado en zonas densamente pobladas; el seguimiento a las denuncias; el tratamiento digno de nuestros prisioneros; así como la verificación de todo el proceso y de los acuerdos salidos del mismo por parte de una comisión encabezada por organismos internacionales escogidos de mutuo acuerdo entre las partes».

Pero no parece ser esa la visión del Gobierno según se desprende de una de las últimas columnas de opinión que escribió De la Calle en el diario colombiano «El Espectador» el 1 de setiembre. En ella destacaba que «este esfuerzo será, quizás, el último posible». Tras decir esto, afirmaba sin más precisiones, que «solo queda el exterminio».

Habrá que ver cómo se desarrollan las discusiones en La Habana a partir del 15 de noviembre. Cuanto más discretas sean mayor será su eficacia.