El Consejo de Estado emitió un dictamen por el que considera que «la instauración de la tasa de un euro por receta vulnera el orden constitucional ya que las comunidades autónomas -en alusión a Catalunya que la instauró en junio y a la Comunidad de Madrid que lo hará en enero- no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos objeto de financiación pública».