La Diputación de Gipuzkoa consideró ayer «importante» y «positivo» que el Tribunal de Cuentas del Estado español investigue «hasta las últimas consecuencias» los sobrecostes abonados por la sociedad pública Bidegi a los constructores de la autopista AP-1 (Eibar-Gasteiz) durante la anterior legislatura.

La Unidad de Actuaciones Previas de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha iniciado esta investigación después de recibir un escrito del fiscal de este órgano, que observa la posibilidad de que dichas desviaciones presupuestarias «pudieran ser constitutivas de un presunto ilícito contable por alcance».

Larraitz Ugarte, portavoz de la Diputación y responsable de Infraestructuras Viarias, recordó que en el tramo Eskoriatza-Arrasate la obra comenzó con un presupuesto de 91 millones de euros y terminó con 151 millones, un 65% de sobrecoste, mientras que en el tramo Arlaban-Eskoriatza comenzó con un presupuesto de 165,3 millones y terminó con 259,9 millones, un 56,89% de sobrecoste.

La autopista se abrió en el año 2009, pero en los dos casos las obras se liquidaron en 2011 con otros 19,8 millones de incremento en el tramo Eskoriatza-Arrasate y 34,8 millones más en el tramo de Arlaban-Eskoriatza.

En concreto, el Tribunal de Cuentas hace referencia al sobrecoste final del tramo Eskoriatza-Arrasate, aprobado por el Gobierno de coalición conformado por el PNV y Hamaikabat después de celebrarse las elecciones forales de mayo de 2011, en las que Bildu fue con diferencia la lista más votada.

«Tonterías, las mínimas»

Estos desfases ya fueron denunciados a comienzos de este año por el Ejecutivo foral presidido por Martín Garitano. El pasado 17 de enero, la propia Larraitz Ugarte cifró en 247 millones los desfases en el Segundo Cinturón de Donostia y en la AP-1.

El PNV respondió entonces con virulencia, exigiendo a Garitano el «cese inmediato» de la responsable de Infraestructuras Viarias, a la que instaron a aclarar si les estaba acusando de incurrir en un delito de malversación de fondos públicos. «Tonterías en este caso, las mínimas», dijo el anterior diputado de Infraestructuras Viarias, Eneko Goia.

El Ejecutivo aclaró que Ugarte, avalada por las cifras, había puesto sobre la mesa la «mala gestión» del anterior Gobierno. «No comprendemos cómo el PNV puede pedir la dimisión de una persona que ha enseñado solo datos objetivos», destacó Martín Garitano.

Un mes más tarde, en febrero, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) difundía su informe relativo a la Diputación de Gipuzkoa durante 2009. En este documento se indicaba que el tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte sufrió desviaciones del 52% «por aprobación de modificados y adjudicación de obras complementarias». A ello sumaba un incremento adicional del 22% -el de junio de 2011- que «no está amparado en modificación contractual alguna».

«Ausencia de justificación»

Ahora el caso sube de grado. Es el Tribunal español de Cuentas, que tiene competencias para enjuiciar y sancionar irregularidades, el que ha tomado cartas en el asunto. El «ilícito contable por alcance» se define como «la ausencia de justificación en las cuentas que deben rendir las personas que tienen a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos».

La instructora de la Unidad de Actuaciones Previas ha abierto el procedimiento y ha requerido a Bidegi una serie de documentos sobre la adjudicación, las modificaciones del proyecto y la liquidación del contrato. Si el caso sigue adelante, podría terminar en un juicio.

«El partido que ahora va a hacerse cargo del Gobierno Vasco está pidiendo a otros que en estos momentos no hagan concursos ni adjudicaciones que comprometan el futuro, pero es curioso que cuando en Gipuzkoa se formó un nuevo Gobierno foral se aprobara la liquidación de estos montantes», apuntó ayer Ugarte.

Por su parte, el exdiputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, se declaró «tranquilo» y defendió la labor realizada por su Gobierno. A su juicio, realizó «una gestión adecuada a las complicaciones que tenían las obras» de esta autopista.