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OPERACIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

Díaz Ferrán simulaba insolvencia y cobraba 100.000 euros al mes

El juez acusa al exlíder de la patronal española de vaciar Marsans de este modo, por lo que le impone cárcel bajo fianza de 30 millones de euros

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GARA | MADRID

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, «diseñaron una estrategia» para ceder las empresas del Grupo Marsans y sus bienes personales al empresario Angel de Cabo con el fin de «aparentar su insolvencia patrimonial». Así consta en un auto dictado ayer el juez Velasco por el que decretó el ingreso en prisión eludible con una fianza de 30 millones de euros del expresidentede la patronal.

El juez, que justificó el ingreso en prisión de Díaz Ferrán por la existencia de «riesgo de fuga y elusión de la acción de la Justicia», sostiene que el expresidente de la patronal y su socio habrían desarrollado «una actividad delicitiva dolosa de ocultación de patrimonio y activos que superó los 30 millones de euros», con lo que provocaron un fraude que afectó a «más de 10.000 acreedores».

La resolución judicial revela que «del primer término de la investigación policial» se desprende que Díaz Ferrán y Pascual «acordaron» con De Cabo «una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en los que su grupo empresarial se encontraba inmerso».

100.000 euros mensuales

De Cabo, dueño de la empresa Posibilitum, adquirió el Grupo Marsans «bajo la promesa de solucionar sus problemas económicos», aunque en realidad a él sólo le movía el «ánimo de lucro». Para ello, dirigía «una organización configurada por un complejo sistema societario nacional e internacional» que incluía «una red de colaboradores y testaferros».

A cambio, el empresario entregaba 100.000 euros mensuales a los dos antiguos propietarios de Marsans hasta que ambos recibieran, respectivamente, una suma de 8 millones de euros. Díaz Ferrán recibió las «mensualidades acordadas, directa o indirectamente por parte de De Cabo», para lo cual visitaba la sede de Ascendia en Valencia «cada dos o tres semanas». Pascual, sin embargo, no recibió «ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento».

Interposición de testaferros

Según la resolución judicial filtrada ayer a los medios de comunicación, el entramado de De Cabo recurría a «varios de los mecanismos utilizados tradicionalmente en procesos de ocultación patrimonial y blanqueo de capitales», entre los que se encontraban «la adquisición, constitución y uso de sociedades instrumenatales, la interposición de testaferros y fiduciarios o la presunta simulación de contratos». Del mismo modo, sus empresas llevaban a cabo «otros negocios jurídicos», entre ellos «operaciones de efectivo o asimilados (cheques bancarios al portador), numerosos traspasos de altas cantidades entre cuentas de los mismos titulares, la realización de operaciones sin un sentido económico aparante, estructuración y fraccionamiento en cortos espacios de tiempo y el uso de paraísos fiscales y jurisdicciones de riesgo».

En este entramado jugaban un papel determinante, según el juez Velasco, Iván Losada, colaborador de De Cabo, y la secretaria del primero, Susana Mora. Ambos, según el auto, «tenían poder de decisión y eran personas de la máxima confianza».

Un elefante y una jirafa, entre los trofeos de Ángel de Cabo

La Policía encontró, entre distintos trofeos de caza mayor, un elefante y una jirafa en el registro de la casa del empresario valenciano Ángel de Cabo, que también ha pasado esta noche en prisión, a donde fue enviado por el juez Velasco eludible con fianza de 50 millones, la mayor puesta en el Estado español.

De Cabo, actual presidente de Nueva Rumasa y Viajes Marsans, está acusado de prestar ayuda a Díaz Ferrán para ocultar desde 2010 sus bienes y evadir capitales de cara al concurso de acreedores que declaró el expresidente de la CEOE, junto a su socio Gonzalo Pascual, ante los acreedores de Marsans.

Entre esas operaciones de ocultación de bienes figura la de un chalet con una finca de 1.248 metros cuadrados ubicado en el municipio de Calviá (Mallorca), que en teoría pertenecía a Díaz Ferrán y que salió de su esfera a través de una operación en la que participó la sociedad Quatre Bras. El expresidente de la CEOE obtuvo más de 4 millones de euros con la venta a inversores rusos de esta casa. GARA

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