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pleno de investidura en catalunya

Artur Mas, investido president, encabeza la legislatura del referéndum

Los votos a favor de los diputados de CiU y ERC bastaron ayer para investir a Artur Mas como president de la décima legislatura de la Generalitat de Catalunya en la primera votación. Una legislatura a todas luces complicada en la que los catalanes se enfrentarán al enorme reto de decidir el futuro de su país, con un Parlament en el que el debate de investidura sirvió para fijar las posiciones de salida de todas las formaciones políticas.

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Beñat ZALDUA | BARCELONA

Tal y como establecía el guión, Artur Mas fue reelegido ayer como president gracias a los 71 diputados de CiU y ERC. A falta de los protocolarios actos de toma de posesión del propio president y del los consellers del Govern, el día 24 y 27 respectivamente, los diputados podrán marcharse así con las tareas hechas a las vacaciones navideñas; a tomar aire y oxígeno antes de entrar de lleno en una legislatura de la que se espera cualquier cosa menos que sea tranquila.

Y es que los retos no son pocos ni menores. Catalunya inicia una legislatura en la que podría hacerse efectivo el derecho a decidir, así lo recoge al menos el programa de gobierno pactado entre convergentes y republicanos. No es el único reto. En el día a día tendrán que lidiar con una crisis económica ya de por si dura, pero que en el caso catalán viene agravada por el trato económico del Estado hacia el Principat.

Si bien el debate de investidura no aportó ninguna sorpresa, sirvió para dibujar claramente cual será la dinámica parlamentaria en la que se desarrollará la próxima legislatura. En sus respectivos discursos, CiU y ERC hicieron gala de una sintonía que, al menos de buenas a primeras, garantizará la gobernabilidad del país. Los presidentes de sus grupos parlamentarios, Oriol Pujol y Oriol Junqueras, así como el propio Mas, se mostraron dispuestos a consolidar un acuerdo que costó más de lo previsto. Dicha disposición se constata en el compromiso de Mas con el derecho a decidir y en la asunción, por parte de CiU, de algunas medidas fiscales de las que no quería ni oír hablar. Por parte de los republicanos, el principal sacrificio será apoyar unos presupuestos que, pese al intento por aumentar los ingresos, seguirán centrándose en un durísimo recorte del gasto.

De hecho, Mas debería estar más preocupado por su matrimonio con Unió que por su aventura con Junqueras. Ayer mismo, Josep Antoni Duran i Lleida advirtió que «no se podrá hacer nada sin diálogo» dentro de CiU.

Oposición desperdigada

La pregunta de quién será el jefe de la oposición al Govern es una de las más recurrentes en los últimos días. Dado que no entrará en el ejecutivo, ERC será nominalmente el principal grupo de la oposición, pero su acuerdo con CiU le impedirá ejercer una oposición creíble. El siguiente en la lista es el PSC, que al menguante apoyo social une ahora un liderazgo débil, con un Pere Navarro en necesidad de reivindicarse constantemente. Para los anales de la historia política quedará el «le aseguro que soy un líder» que lanzó el jueves desde el Parlament. El anuncio de que se abstendrá en todas las votaciones sobre el derecho a decidir deja al PSC en tierra de nadie, dando un paso más hacia la insignificancia política.

Visto lo visto, la oposición pura y dura vendrá desde la bancada del PP, que una vez rotos todos los puentes de entendimiento con CiU ha hecho del no al derecho a decidir su única bandera. Su líder, Alicia Sánchez-Camacho, fue ayer la encargada de retomar el debate de investidura, blandiendo en el aire el artículo 2 de la Constitución, el de la «indisoluble unidad de la Nación española». A su lado tendrá a los nueve diputados de Ciutadans, formando entre ambos un exiguo frente unionista de 28 diputados, el decir, el 20% del Parlament.

Desde la izquierda

Por la izquierda, ICV-EUiA será, numéricamente, la principal oposición a las medidas económicas del próximo Govern. Así lo afirmó ayer su secretario general, Joan Herrera, al asegurar que «este país se merece una oposición que se oponga a los recortes y apoye el derecho a decidir». En este frente de oposición a los recortes y apoyo a la autodeterminación coincidirán con los tres diputados de la CUP, situados más a la izquierda y mucho más claramente independentistas. Algo que, de rebote, se notó ayer en el discurso de Herrera, más cercano que nunca a las tesis del entorno de la CUP y los movimientos sociales.

Así quedó dibujada la escena política catalana, que afronta a partir de ahora la legislatura «más decisiva desde la recuperación de la democracia», en palabras de Mas. Una legislatura para la que Madrid afila ya sus cuchillos y que deberá seguirse muy de cerca desde Euskal Herria -ayer ELA «celebró» el acuerdo alcanzado por CiU y ERC-. Tras la calma tensa de las navidades, los diputados retomarán su actividad en enero, con la solemne Declaración de Soberanía en la primera sesión del Parlament. Que nadie espere meses tranquilos en Catalunya.

La CUP se estrena con un alegato a favor de la desobediencia

Al que se esperase cuatro eslóganes y algún que otro exabrupto en el debut parlamentario de la CUP, el discurso de uno de sus diputados, David Fernández, debió frustrarlo. Y mucho. En su primera intervención como orador, el periodista y activista social condensó en una frase el papel que la CUP quiere desempeñar a lo largo de la próxima legislatura: «Mano tendida para la autodeterminación de nuestro pueblo, puño cerrado contra los recortes, y luz y taquígrafos a la gestión».

Fernández ofreció un discurso potente y lleno de historia en un tono suave, arrancando los aplausos de la bancada de ERC en alguna que otra ocasión.

El propio Mas, en su turno de réplica, le otorgó una autenticidad que «siempre hay que respetar y escuchar, porque siempre se puede aprender de ella».

Mientras algún diputado del PSC le felicitaba por su intervención, el líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, trasladaba vía twitter el reconocimiento más inverosímil: «Estoy muy lejos de la estética y el proyecto de la CUP. Más allá de discrepar, hoy ha hecho en parte un discursazo».

Pese a que la luna de miel acabará -«lo contrario sería preocupante», aseguran desde la CUP-, la talla política de Fernández quedó ayer demostrada, con un discurso anclado «en las derrotas de la izquierda» y en el que recuperó para la memoria las colectivizaciones de la Generalitat de 1936, en la que desde algún despacho tomado por la CNT se dictó un decreto en el que se podía leer que «la muerte del capitalismo equivale a la victoria del pueblo». «No tenemos memoria de pez, sino de elefante», añadió.

Así, con las credenciales que acompañan a quien acumula en la espalda innumerables derrotas, Fernández tejió un discurso con la insumisión y la desobediencia como punto de partida para afrontar las tres crisis que, según su relato, asedian a los Països Catalans: «la nacional, la socioeconómica y la democrática».

Sobre esta última, subrayó la necesidad de construir «la democracia del siglo XXI», para lo que aseguró que su «gran esperanza no está en el Parlament, sino en la calle» y en la «cultura de la participación» frente a la «cultura de la delegación». Lo dijo criticando un hemiciclo «que no ha estado a la altura de quien dice representar» y que por poner un ejemplo, «no ha sido capaz de parar ni un solo desahucio». «Ha sido la gente, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca», enfatizó.

Enlazando de esta manera la crisis democrática con la socioeconómica, Fernández planteó tres tipos de medidas para afrontarla: por una parte las gratuitas -planteó una moratoria de desahucios y el reparto de trabajo, por ejemplo-; en segundo lugar las de recuperación del control de recursos estratégicos -como el agua, recientemente privatizada-; y para acabar propuso las medidas «valientes», que no pasan más que por la insumisión: «desobedecer a los mercados y salir de la deutocracia». «Tenemos que buscar nuestro propio modelo para seguir el camino de Islandia», añadió.

Y por último, la crisis nacional, cuya solución pasa inevitablemente, según dijo, por la autodeterminación.

Para ello, como otras fuerzas políticas, reivindicó que no se puede «patrimonializar» el derecho a decidir y que para ejercerlo es indispensable un acuerdo «multipartito» que incluya a todos los agentes sociales.

Fernández invirtió los papeles y en vez de poner al Parlament a la cabeza del proceso, destacó que «ha sido la calle la que ha dado la oportunidad al Parlament de avanzar hacia la libertad».

Y de fondo, siempre, la desobediencia: «No necesitamos permiso para ser libres». B.Z.

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