El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, suspendió ayer el decreto por el que el Estado determinó que no reconocerá los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre casos ocurridos antes de marzo de 1987, en medio de críticas que señalan que esa medida fomenta la impunidad. «Ya le di instrucciones al secretario de la Paz para que ese documento no sea entregado ante la Corte y, mientras eso no sea depositado, la reserva no puede entrar en vigencia», señaló.

El miércoles el Estado de Guatemala, país que vivió una guerra interna entre 1960 y 1996, decidió no reconocer los fallos de la CoIDH en los citados casos, apoyado en una «reserva» en vigor desde esa fecha.

Pérez dijo que convocará a las organizaciones locales de derechos humanos para buscar consensos.