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PROCESO SOBERANISTA EN CATALUNYA

Rajoy y Mas, cara a cara en la inauguración del TAV a Girona

La inauguración del TAV entre Barcelona y Figueres propició ayer, además de varias protestas, el primer encuentro, frío pero cordial, entre los presidentes del Estado español y de Catalunya desde que el último fuera reelegido president en las elecciones del pasado 25 de noviembre. Paralelamente, el Govern anunció también ayer la creación de una nueva secretaría en el departamento de Economía para impulsar la Hacienda catalana a lo largo de 2014.

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Beñat ZALDUA | BARCELONA

Un vagón reluciente del nuevo Tren de Alta Velocidad (TAV) que une Barcelona y Figueres (Girona) acogió ayer el primer encuentro entre el presidente del Estado español, Mariano Rajoy, y el president de Catalunya, Artur Mas, después de la fracasada reunión sobre el pacto fiscal. Mas al lado de la ministra de Fomento, Ana Pastor, y con Felipe de Borbón de frente. Rajoy en el otro extremo, con Mato de frente y el heredero a la corona al lado. No fuese a ser que se cruzasen las miradas.

En la inauguración en sí, mucho protocolo y pocos puñales. Mas se limitó a lamentar el retraso de 20 años en la llegada del TAV a Girona y pidió un compromiso inequívoco con el corredor mediterráneo, avalado por la UE y frenado por el Estado. Pero no dudo en dejar un recado en forma de corrección a Rajoy, que aseguró que el primer tren español fue el que unió Barcelona con Mataró: «el primer tren no fue el del Maresme, sino el de Cuba; en aquellos tiempos, Cuba era España».

Por su parte, Rajoy aprovechó para exhibir las bondades de su Gobierno con Catalunya y garantizar, pese al menguante Presupuesto destinado por Fomento al Principat, su «compromiso» con las infraestructuras catalanas, entre ellas el corredor mediterráneo. Entre ambos presidentes medió Felipe de Borbón, que no dudó a la hora de sacar pecho por ser «el primer país de Europa en kilómetros de alta velocidad».

El TAV y la presencia del heredero a la corona fueron, precisamente, los principales objetivos de la protesta ciudadana que recibió al primer tren en la inacabada estación de Girona. Los usuarios denunciaron que los horarios del TAV no están pensados para la gente que se traslada a diario entre Barcelona y las comarcas de Girona y expresaron su temor a que se empobrezca un sistema ferroviario convencional ya de por sí deficitario. Un dato basta para ilustrar dicho temor: el 97% de la inversión ferroviaria se la come el TAV, frente al 3% para los trenes de cercanías. Por contra, el 97% de ciudadanos utiliza los trenes de cercanía frente al 3% que se sube habitualmente a un TAV.

Las protestas también se extendieron entre quienes no creen que una obra como la del TAV fuese prioritaria en un contexto de crisis. De hecho, los agricultores denuncian que Fomento no les ha pagado por las expropiaciones forzosas. En este sentido, el diputado de la CUP David Fernández recordó que este tramo de 130 km ha costado 4.200 millones de euros a las arcas públicas, una cifra cercana a los recortes previstos en Catalunya para 2013.

La Hacienda propia en marcha

Mientras Rajoy y Mas subían al mismo tren, el Govern anunció ayer la creación de una nueva secretaría en el departamento de Economía para poner en marcha la Hacienda catalana a lo largo del 2014, tal y como acordaron hacer CiU y ERC en el pacto de estabilidad que permitió la reelección de Mas como president.

Ambos partidos trabajan también esta semana en la creación del Consell Català per a la Transició Nacional, órgano asesor del proceso hacia la independencia, que debería aglutinar a los partidos y agentes de la sociedad civil a favor del derecho a decidir. El PSC rechazó ayer mismo integrarse en dicho Consell y, en su enésima contradicción sobre el derecho a decidir, rectificó su decisión de abstenerse en las votaciones sobre la consulta. Votará en contra en todas aquellas que vayan contra la ley.

Unió admite su culpa y evita el juicio por corrupción

Unió Democràtica de Catalunya (UDC), socia de Convergència en CiU, llegó ayer a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio por el conocido como caso Pallerols, una trama en la que exmilitantes de Unió desviaban fondos del departamento de Treball al empresario Fidel Pallerols. El dinero, en parte, regresaba después a las arcas de UDC en forma de financiación ilegal.

Unió asumió las acusaciones y se comprometió a pagar 388.000 de euros a la Generalitat -menos de lo que pedía la Fiscalía-, a cambio de evitar el juicio en su contra, en el que su secretario general, Josep-Antoni Duran i Lleida estaba citado a declarar como testigo de la corrupción de su partido. Ante el silencio del número dos de CiU, no fueron pocos los que ayer recordaron las palabras de Duran i Lleida en el año 2000, cuando aseguró que dimitiría si se demostraba la financiación ilegal de su partido.

El acuerdo permitió también que las seis personas imputadas -el propio Pallerols y cinco exmilitantes de Unió- asumiesen las acusaciones en su contra a cambio de aceptar penas inferiores a los dos años, con el objetivo de evitar el ingreso en prisión. Cabe recordar que la Fiscalía pedía inicialmente condenas de entre 7 y 11 años. B.Z.

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