Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer una resolución en la que se pide al Gobierno español la suspensión de la «congelación» de las pensiones al tiempo que solicita al Defensor del Pueblo que presente un recurso de anticonstitucionalidad contra la medida. La resolución presentada por el PSE fue aprobada con los votos a favor del PNV, Aralar y Bildu y la única oposición del PP, que votó en contra.

El texto pide la anulación de la decisión, adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy mediante el Decreto Ley del 28 de diciembre, por el que se establece que la revalorización de las pensiones para 2013 no se hará conforme al IPC sino solo en un 1% y que no se abonará la paga compensatoria por la subida de precios en 2012.

La portavoz del PSE en la Comisión de Política Social, Susana García Chueca, calificó la medida de «tramposa y mentirosa» la decisión que a su juicio infringe preceptos constitucionales como el que establece la «no retroactividad de las disposiciones sancionadoras restrictivas de derechos individuales».

García Chueca recalcó que Rajoy «hacía tiempo» que había decidido no actualizar las pensiones según el IPC, pero lo «ocultó hasta que pasaran las citas electorales».