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Barcina cobró dietas de una sociedad con la que CAN perdió 203 millones

Durante 2007 y 2009, la presidenta navarra, Yolanda Barcina, cobró dietas como consejera de la Corporación Industrial de CAN y de la sociedad Hiscan. Esta última, propiedad al 100% de la caja, se devaluó en 203 millones de euros en un año, justo cuando Barcina deja el cargo.

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Aritz INTXUSTA | IRUÑEA

La presencia de Barcina en los distintos órganos de Caja Navarra cada vez se demuestra como más lucrativa. Primero se supo que a los 147.645 euros que Barcina cobró por su pertenencia a los órganos conocidos había que sumar más de 60.000 por la hasta entonces desconocida Junta de Entidades Fundadoras. Ahora, GARA ha descubierto que Barcina ha cobrado de otros organismos y sociedades de la entidad, al menos en el año 2007 por la Corporación Industrial y en el año 2009 por la sociedad Hiscan Patrimonio, una inversión que se demostró absolutamente ruinosa para la entidad navarra.

En documentos extraídos del Registro Mercantil consta que en el año 2007, además de cobrar dietas por su participación en los máximos consejos de Caja Navarra, Yolanda Barcina percibió dietas también por ser consejera de la Corporación Industrial. Junto a la actual presidenta (y entonces alcaldesa de Iruñea) cobraron también de la Corporación Miguel Sanz, Enrique Goñi, José Antonio Asiáin, Aladino Colín, Francisco Javier Iribarren, Alvaro Miranda y Juan Cruz Alli. En total, son 17 los miembros de ese consejo de administración, que se repartieron 71.000 euros.

Dos años después, todos los mencionados recalaron en la sociedad Hiscan Patrimonio, después de una reorganización de la Corporación Industrial. En esta ocasión, las primas por pertenecer al consejo se incrementaron de forma notable, puesto que el dinero a repartir ascendió a 121.000 euros entre 16. En este punto, cabe remarcar que en 2008, cuando Sanz, Barcina y este grupo todavía no habían entrado en el consejo, Hiscan repartió una cuantía en dietas considerablemente menor (79.000 euros).

Sin embargo, lo más grave de la participación de Barcina y Sanz en Hiscan es la propia trayectoria de esta sociedad, que acabó siendo uno de los mayores agujeros de Caja Navarra, y que se destapó cuando las cuentas empezaron a realizarse en Banca Cívica, es decir, bajo la supervisión conjunta de Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol.

Beneficios realmente extraños

En el año 2009 -con Miguel Sanz como presidente del Consejo de Administración y Barcina y los demás como vocales- las cuentas de CAN otorgan un valor de inversión a Hiscan Patrimonio de 529.935.000 euros. Sin embargo, cuando las cuentas son revisadas por Banca Cívica el patrimonio neto de Hiscan se desploma a 326.382.000 millones de euros. En definitiva, pasa de un año para otro a valer 203.553.000 euros menos. Para poner en contexto esta cifra, basta recordar que Caixabank pagó por CAN menos de 150 millones mediante un canje de acciones.

Técnicamente, no se puede decir que Hiscan Patrimonio tuviera pérdidas hasta 2011, puesto que sus cuentas estaban redactadas de tal forma que siempre figuraban beneficios. Así, en el año 2009 se registraron beneficios de 37,2 millones, y en 2010 las ganancias fueron de 863.000 euros. En el año 2011 ya no hay maquillaje que valga e Hiscan pierde 21,8 millones. De forma paralela, atendiendo al valor de Hiscan se comprueba que fue una inversión absolutamente ruinosa para la caja. Mientras seguían vendiendo que la sociedad tenía beneficios, se constata que el valor total de Hiscan Patrimonio se desplomó en 203 millones en 2010 y bajó otros 22 millones en 2011. Por resumir, aunque Hiscan no contabilizó pérdidas hasta 2011, Caja Navarra -que era la que tenía en la sociedad una inversión de 529,9 millones en 2009- fue la que sufrió desde el primer momento el desplome.

Concretamente, la evolución de Hiscan Patrimonio es una de las más llamativas que aparecen en las cuentas de Caja Navarra. A este respecto, hay que señalar que la Fiscalía navarra está investigando, entre otras cosas, la veracidad de sus cuentas anuales, bajo la sospecha de que fueron engordadas con el objetivo de llegar con más fortaleza de la que realmente se tenía al proceso de fusiones. De confirmarse estas sospechas, Barcina podría darse de bruces con problemas legales.

Hace unas semanas, la presidenta aseguró que participaba de los organismos de CAN por «imperativo legal». Pese a ello, en ninguna parte de los Estatutos de la CAN figura que la entonces alcaldesa o el expresidente Sanz debieran tener un asiento en el consejo de la Corporación Industrial o en Hiscan. Sin embargo, accedieron entrar en esos órganos y aceptaron remuneración por ello.

A cambio de esas dietas, Barcina, Goñi, Sanz, Asiáin, Iribarren, Alli y Colín dieron el visto bueno a las cuentas que presentó Hiscan Patrimonio. Firmaron unos resultados excelentes, pero lo cierto es que si las cuentas se hincharon, serán precisamente los que validaron los mejores resultados los que puedan tener eventuales responsabilidades legales.

UPyD y Kontuz quieren hablar al Parlamento

La propuesta de Enrique Goñi de comparecer en el Parlamento junto a los máximos rectores de la extinta caja (que lleva camino de convertirse ahora en una fundación «de carácter especial» tras pasarse varios meses como banco sin capacidad de conceder crédito) ha abierto la vía para la creación de una comisión «blanda» que explique el inusitado final de una entidad que data de los años 20. El interés de esta comisión (que según dejaron claro ayer UPN y PSN no va a condicionar a los comparecientes a decir la verdad) gana enteros gracias a la petición de la asociación de consumidores y contribuyentes Kontuz de acudir al Parlamento, y de UPyD, que ha denunciado a la CAN ante la Fiscalía con éxito.

UPyD convocó a los medios ayer para exponerles que quieren explicar al Parlamento el contenido de su denuncia, centrada en la salida a Bolsa de Banca Cívica, en la que este partido observa seis delitos. Entre ellos están la estafa y la «maquinación para alterar el precio de las cosas», que implica que las cuentas de Caja Navarra hubieran sido falseadas al alza. Aun así, UPyD sostiene que el tiempo de las comisiones de investigación «ha pasado» y que ha llegado el de los tribunales. A.I.

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