La intervención francesa en Mali ha incrementado las acciones contra la población tuareg y árabe. El miércoles, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, acusó a los soldados del Ejército de haber perpetrado «una serie de ejecuciones sumarias» en el oeste y el centro del país y reclamó la creación «inmediata» de una comisión de investigación independiente. Según detalló tras realizar una investigación, al menos once personas fueron ejecutadas en Sevare, situada a 650 kilómetros al noreste de Bamako, en el campamento militar del Ejército,

«Obtuvimos testimonios concordantes de fuentes locales y tenemos las identidades de once víctimas», aseguró Florent Geel, responsable de África de la FIDH, que se encuentra en Mali.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) informó de que está investigando «denuncias de exacciones graves que implican a miembros del Ejército» y exigió el envío a Mali de observadores de la ONU.

«Si damos nuestros nombres, estamos muertos», manifestó un artesano de origen tuareg vecino de Segu y uno de los pocos tuareg que han decidido quedarse en esta localidad ubicada a 270 kilómetros al noroeste de Bamako.

«El simple hecho de llevar barba, turbante y vestir el típico atuendo tuareg supone estar bajo amenaza», señaló. Él se ha negado a prescindir de estas prendas pese al riesgo de ser tachado de «terrorista». Por contra, un hijo suyo que trabaja con él en la tienda, ha optado por afeitarse y quitarse el turbante para mayor tranquilidad.

Este artesano remarcó el constante deterioro de la situación en Konna, desde que comenzó la guerra. «Muchos tuareg se han ido desde el pasado día 11 por las amenazas de exacciones y represalias en nuestra contra. Antes, no teníamos problemas», añadió. La mayoría ha huido hacia la vecina Burkina Faso, a Uagadugu y a Bobo Diulasso.

El dueño de la tienda contigua a la suya, que también lleva turbante y tiene barba, comparte su mismo temor. «Tenemos miedo de salir. Somos musulmanes, no terroristas», remarcó.

Llegó a Segu procedente de Tombuctú en busca de una «vida mejor». Ahora, en cambio, tienen escasez de alimentos.

Pese a todas estas denuncias, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, saludó la «valiente» intervención francesa, si bien reiteró su temor sobre el impacto de la operación en los civiles y los derechos humanos.

La UE se declaró «muy preocupada» por los informes sobre posibles violaciones de derechos humanos, tal y como indicó desde Uagadugu la comisaria europea para Ayuda Humanitaria, Kristalina Georgieva.

El Estado francés, uno de los principales actores armados junto al Ejército maliense, dijo que no tiene «ningún indicio» sobre abusos contra la comunidad tuareg y árabe por parte de las fuerzas malienses, a pesar de algunas revelaciones de la prensa y de las ONG citadas.

El ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, pidió el miércoles al mando militar de Mali que tenga «extrema vigilancia» ante los riesgos de exacciones ya que su «honor está en juego».

El Gobierno maliense respondió en un comunicado que «el Ejército debe ser irreprochable y no vamos a avalar actos que reprochamos a los terroristas».

Por otra parte, soldados franceses y malienses empezaron a retirar las minas de las ciudades recientemente conquistadas y a evacuar hacia Bamako las armas y municiones abandonadas por los insurgentes islamistas. Ayer, aviones franceses volvieron a bombardear el sur de Gao, cerca de la frontera con Nigeria.

Más de 2.300 soldados franceses están ya en Mali, cifra que va a aumentar, en particular desde que París obtuvo el lunes la ayuda de Estados Unidos para el transporte de tropas y material desde el Estado francés hacia el oeste de África.

En paralelo, las primeras unidades de la Misión Internacional de Apoyo a Mali (Misma) «comenzaron» a movilizarse hacia el centro del país.