La dirección del Grupo Kider, dedicada al mobiliario y equipamiento comercial, presentó ayer a la representación de los trabajadores un ERE de extinción para 147 trabajadores bajo el argumento de que desde el año 2009 el «desplome» de los pedidos ha sido continuado.

La empresa, cuya sede central está en Murga (Araba) y que cuenta con centros en la localidad alavesa de Amurrio, Barakaldo (Bizkaia), Azkoien (Nafarroa) y en Pune (India), alega que entre 2008 y 2012 la cifra de negocios ha descendido un 45%, «haciendo ya imposible la viabilidad del grupo con la estructura actual».

En un comunicado, la compañía se muestra dispuesta a mantener el empleo de los 250 trabajadores que quedarían en el grupo tras la aplicación del ERE y se compromete a hacer «una sustancial aportación de capital».

Asimismo, se ofrece a «hacer cuantos esfuerzos estén en su mano» para llegar a acuerdos con los sindicatos y, de esta manera, «reducir en lo posible el número de bajas».

«No caminar por la senda del encuentro -advierte la compañía a los sindicatos- arrastraría a convertir en inútiles los esfuerzos desplegados y a la destrucción de 400 puestos de trabajo y otros 429 puestos de empleo indirectos».

Este episodio se suma a los conflictos que en los dos últimos años ha protagonizado Kider. En diciembre de 2011 la compañía presentó un Plan Social que contemplaba la reducción del 10% de la plantilla, así como una reducción salarial de entre el 10 y el 25%.

Posteriormente, en julio de 2012, Kider presentó un ERE de suspensión de 30 días durante tres meses para toda la plantilla.

Concentración en Vascofar

Por otra parte, los trabajadores de Vascofar se concentraron frente a la sede de la empresa, en Arrigorriaga, para protestar contra el ERE de extinción de 44 contratos, la externalización del servicio y la aplicación del Convenio Estatal.

Dicha protesta se enmarca dentro de la dinámica de movilizaciones que iniciaron el pasado lunes con carácter indefinido. Tras la concentración de ayer, el comité de empresa denunció que la compañía ha cometido «irregularidades con el fin de anular las repercusiones de la huelga». Según los sindicatos, la empresa ha sustituido puestos de trabajo de los huelguistas, «vulnerando gravemente el derecho fundamental de huelga».