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Análisis | Presupuestos de la CAV

Políticas anti-crisis en Euskadi: Mejor sin prisas

Los autores llaman a la prudencia a la hora de demandar al nuevo Gobierno de Gasteiz que acelere los pasos de la presentación de los presupuestos y de las medidas anti-crisis. Entiende que tras cinco años y medio de crisis económica «no podemos volver a equivorcarnos».

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EKAI Center

Desde distintos ámbitos políticos y mediáticos se viene presionando al nuevo Gobierno vasco para una rápida clarificación de las estrategias anti-crisis y la presentación de los presupuestos del ejercicio 2013.

Creemos que hay que ser más prudentes a la hora de demandar rapidez de actuación al nuevo gobierno. Y ello porque la acción política exige decisión y capacidad ejecutiva pero también exige un nivel mínimo de análisis, reflexión y gestión antes de adoptar las grandes decisiones estratégicas.

Ello es especialmente necesario en la coyuntura actual, en la que -ante la situación dramática que vive nuestro tejido productivo- es imprescindible una revisión de fondo de las estrategias económicas desarrolladas hasta la fecha en el marco de las políticas anti-crisis.

Son diversas las variables estratégicas cuya clarificación resulta, en este momento, especialmente compleja. La primera de ellas afecta a la política fiscal. Es imposible definir con seriedad el panorama del conjunto de la política presupuestaria sin una clarificación previa de las políticas fiscales. En particular si -como se ha planteado desde todos los ámbitos- es necesario algún tipo de subida impositiva, es fundamental clarificar el marco y el nivel de la misma.

En primer lugar, es necesario clarificar la cuestión repetidamente planteada de si nuestros impuestos directos se redujeron excesivamente en las últimas reformas y, como consecuencia de ello, la reducción recaudatoria posterior no obedece exclusivamente a la caída de la actividad productiva, sino también al efecto de las reducciones normativas aprobadas durante los años anteriores.

Sobre este punto de partida, es necesario tener en cuenta tanto lo que consideremos cargas tributarias razonables en una situación ordinaria como aquellas que respondan a una contribución específica de solidaridad en el contexto extraordinario de la crisis -el impuesto extraordinario y transitorio que proponía EKAI Center-.

Todo ello requiere un nivel mínimo de consenso entre el Gobierno y las diputaciones forales, con mayorías suficientes para la aprobación de las reformas correspondientes. Esto no puede hacerse en un mes. Requiere un detenido trabajo técnico y un especial esfuerzo de consenso. Pero es imprescindible para una correcta determinación y estimación de los ingresos fiscales y, por lo tanto, para la necesaria seriedad de los presupuestos a presentar al Parlamento.

Es necesaria también una reflexión sobre cómo obtener recursos añadidos a los tributarios, en caso de ser necesarios, como parece que se estima. El Gobierno ha decidido acudir a una emisión de deuda pública por 220 millones de euros, probablemente obligado por la específica situación actual del mercado de capitales, que amenaza con un alto riesgo de mayores dificultades de emisión en los próximos meses.

No obstante, en nuestra opinión, la emisión de deuda pública debe ser el último recurso, muy especialmente en las circunstancias actuales del mercado financiero y con tipos de interés cercanos al 6% -la emisión de estos días se ha formalizado a un 5,9% en la deuda a 8 años y a un 6,6% en la deuda a 12 años-. El Gobierno debería meditar con el suficiente detenimiento si existen o no fuentes financieras alternativas a la emisión de deuda pública.

Junto al sostenimiento del presupuesto de gastos, los recursos a destinar a las estrategias anti-crisis requieren también un análisis detenido.

No olvidemos que el problema más urgente que plantean las políticas anti-crisis es, en nuestra opinión, hacer frente a los problemas de financiación del tejido productivo vasco. Hay que adoptar una decisión básica sobre en qué medida corresponde a recursos privados y en qué medida a recursos públicos hacer frente a este reto. Y esto requiere, en nuestra opinión, un diagnóstico básico suficientemente claro sobre lo que está ocurriendo en nuestro sistema financiero. Pero sería una grave irresponsabilidad comprometer recursos públicos innecesariamente en una tarea que puede o debe desarrollarse desde otros ámbitos.

Los recursos a destinar a infraestructuras y a investigación requieren también esfuerzos de análisis que no deberían improvisarse.

La puesta en marcha de grandes proyectos de gasto o de inversión sin una suficiente claridad en cuanto a su repercusión sobre el futuro productivo de nuestra comunidad, puede suponer que las posibles apuestas de futuro se transformen en un mero gasto improductivo o, peor aún, en comprometer además innecesariamente gastos futuros.

Todo esto requiere, al menos, seis meses de trabajo intenso, sin perjuicio de posteriores revisiones. El Gobierno se ha comprometido a presentar el proyecto de ley de presupuestos generales durante el mes de marzo. Es casi imposible que las cuestiones básicas de fondo que determinan el enfoque de los presupuestos estén suficientemente analizadas -o consensuadas- para entonces.

Todo ello, por supuesto, sin perjuicio de la necesidad de abordar de forma inmediata la reorientación de nuestro sistema financiero y las reformas estructurales del sistema educativo y del sistema de innovación de nuestra comunidad autónoma, actuaciones no tan directamente ligadas a corto plazo con los presupuestos del ejercicio y que tampoco deberían interrumpirse por ello.

Tras cinco años y medio de crisis, no podemos permitirnos volver a equivocarnos. Reorientar nuestro sistema financiero, reactivar la financiación de las empresas, incrementar sustancialmente las exportaciones, reactivar la inversión en I+D y las reformas educativa y del sistema de innovación son cuestiones esenciales que deberían haberse abordado hace mucho tiempo. Pero más vale retrasar unos meses la decisión si es necesario para evitar volver a equivocarnos.

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