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Estitxu Ugarte López de Arkaute | Responsable de comunicación de Hiru

«Si se aprueba la nueva ley del PP, cualquiera podrá ser transportista»

Tras desaparecer 539 empresas de transporte en el último año en Hego Euskal Herria, los autónomos se enfrentan ahora a la aprobación por parte del Congreso español de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) que va a llevar, según el sindicato Hiru, a la desaparición del sector del transporte ligero.

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Iñaki TELLERIA | DONOSTIA

El sindicato Hiru reconoce que los únicos datos que hay del sector del transporte en Hego Euskal Herria son los procedentes del Ministerio español de Fomento. Según esta fuente, a enero de 2013, hay 6.078 empresas y 18.458 vehículos, lo que supone un ratio de tres trabajadores por empresa. La mayoría, más del 90%, son trabajadores autónomos.

¿Cuál va a ser el impacto de la aplicación de la LOTT?

Con su aprobación podrían desaparecer 3.000 empresas en el sector de ligeros, con lo que, teniendo en cuenta que en Hego Euskal Herria hay 3.037 autónomos o empresas, estaríamos hablando de que este sector de ligeros desaparece.

Afirman que con la ley cualquiera se podrá dedicar a esto.

Si se aprueba tal y como está escrita, con la nueva ley del PP cualquiera podrá darse de alta como transportista. Se inscribirá en Diputación como autónomo de ligero y no le exigirán nada más. Con tu furgoneta o con la de otro, ya no tienes que aportar el vehículo propio, ni título de transporte que necesita un examen de capacitación profesional, ni acreditar un mínimo de capacidad económica; y, lo que es más importante, no tendrás que renovar cada dos años el visado, que es el trámite con el que la administración controla que la persona está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, con Hacienda y que el vehículo tiene la ITV pasada. Con esta ley nadie controlará si pago impuestos o si tengo seguro del vehículo.

¿Qué explicación tiene una decisión de este calibre?

El único objetivo es favorecer los intereses de las grandes empresas multinacionales y los grandes operadores logísticos de paquetería que, a partir de ese momento, contarán con mano de obra barata, sin capacitación. Hasta ahora tenían que contratar asalariados o autónomos con tarjeta, pero eso resulta mucho más caro.

¿En qué proceso está la ley?

La presentaron en diciembre y está en proceso de tramitación en el Congreso. Dicen que piensan aprobarla para su entrada en vigor en junio. Esto pretende el PP y, como tiene mayoría absoluta, saldrá adelante si no hay presión antes de la votación. Es una reforma para garantizar el dumping -vender por debajo de costes para eliminar la competencia- laboral y social en el transporte, porque otro de los aspectos que va a modificar es quitar la prohibición que hay ahora por ley de trabajar por debajo de costes, lo que suponía cierta garantía.

Para coordinar algún tipo de respuesta ¿tienen relación con sindicatos del Estado?

No tenemos relación con ningún sindicato del Estado porque no los hay. Lo que hay son agrupaciones profesionales y algunas son patronales. Con ellas no tenemos nada que ver, porque no compartimos ningún objetivo. Hay también pequeñas asociaciones de transportistas pero muy vinculadas a sectores concretos de servicios. Hemos participado en alguna reunión en Madrid, pero ha sido muy frustrante porque no ha servido más que para constatar que las organizaciones de transportistas del Estado están ancladas 20 años atrás.

Entonces ¿no hay capacidad de respuesta?

Articular una movilización en el sector del transporte es mínima, de hecho, no se ha convocado ningún paro estatal desde 2008. Es la muestra evidente de la falta de capacidad y voluntad de las asociaciones. En Hego Euskal Herria seguimos viendo la necesidad de presionar para salir de esta situación de catástrofe absoluta e hicimos un intento a finales del año pasado hablando con algunas otras asociaciones de aquí, pero la respuesta fue muy pobre. Veían la necesidad de la movilización pero no se implicaban.

No se movilizan a pesar de contar para las protestas con un instrumento tan impactante como los camiones.

Si quiere, el transporte puede parar un país y hacer dimitir a un Gobierno. Un país lo mueven los transportistas y si ellos se paran se para el país. Pero ese arma es muy difícil de emplear en este sector tan dividido y con tantos intereses enfrentados. Además, el transportista no cuenta con la solidaridad de los demás porque trabaja solo, vive solo, sufre solo y es el que peor visto está en la carretera.

Otro conflicto que les afecta es la decisión de la Diputación de Gipuzkoa de que para 2014 desaparezca la declaración del IRPF por módulos para transportistas con más de un vehículo o con más de 60.000 euros de ingresos.

No tenemos ningún problema con la retirada del sistema por módulos, es más, creemos que debe desaparecer, pero lo que queremos es hablar con la Diputación no solo de esto sino del transporte en su globalidad. Creemos que el sector del transporte es tan específico como el primario. La diputación no comparte este punto de vista y ahí tenemos la diferencia, pero no solo con la Diputación de Gipuzkoa sino que también con la de Bizkaia, la de Araba y el Gobierno Vasco, a quienes les presentamos el Plan de Rescate del Transporte y les invitamos a que hagan pública una postura política e institucional de defensa del sector vasco del transporte y del transportista autónomo. Eso es lo que no ha hecho ninguna de ellas.

¿Qué opinan de los módulos?

Ese debate lo superamos hace mucho tiempo. El módulo es una ventaja fiscal para los transportistas autónomos, es una subvención encubierta. Somos conscientes de ello y de que tiene que desaparecer. No se tiene que limitar a los 60.000 euros sino que tiene que desaparecer. Pero debe de desaparecer en la medida en que se habiliten otro tipo de propuestas que, sin suponer un agravio para el resto de contribuyentes, apoyen al transporte vasco de mercancías por carretera.

Diputación alega que sus competencias se limitan a aspectos fiscales.

Es totalmente falso. A la Diputación de Gipuzkoa y al resto les hemos recordado por escrito las medidas que pueden tomar: un plan coordinado en contra de las falsas cooperativas del transporte, que deben ser eliminadas porque son ilegales; el rechazo a cualquier tipo de peaje a los transportistas y, si se impone, que se apruebe también un Decreto de Repercusión como en el Estado francés o Alemania, y eso lo puede hacer la Diputación de Gipuzkoa; y, por ejemplo, hacer efectivo el pago a 30 días que marca la ley, porque a nosotros se nos paga a 90 o a 120 días y así es imposible funcionar si tienes que abonar el gasoil todos los días.

costes

«Hace 10 años por un transporte entre Gipuzkoa y Barcelona se pagaban 510 euros y ahora pagan 480 euros cuando el gasoil, los seguros y el mantenimiento del camión son mucho más caros»

diputación

«No vemos voluntad real por parte de la Diputación de Gipuzkoa para sentarse a hablar con nosotros de lo que realmente necesita el sector del transporte para salir adelante»

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