Durante el acto de ayer frente a Adegi, decenas de trabajadoras afectadas y varios responsables de ELA y LAB se concentraron tras una pancarta con el lema «Helduen egoitzetako hitzarmenaren alde. Lotu borrokara. Erreformari ez!».

Tras la protesta, el responsable de Sanidad y Políticas Sociales de ELA en Gipuzkoa, Iñigo Zubeldia, criticó que la patronal Adegi califique de «ilegal» la propuesta realizada por la Diputación hace dos semanas, en la que el ente foral se comprometía a financiar con 8,2 millones de euros las mejoras salariales de las empleadas del sector, además de a no construir más residencias, a cambio de concentrar camas ya construidas en centros privados.

«No hay derecho», señaló Zubeldia, «cuando en otras coyunturas, con otros partidos», Adegi «solía venir con el recado de la Diputación bajo el brazo», para que posteriormente las organizaciones sindicales aceptaran «o no» las propuestas.

El representante de ELA afirmó que la guipuzcoana es una patronal «inmoral» e «insaciable» y ha proclamado como «piedra angular» para la solución de este conflicto la firma de la propuesta de la Diputación.

En cuanto a los tres días de huelga convocados, Zubeldia precisó que los dos sindicatos han llamado a secundarla a los 3.800 trabajadores subcontratados del sector de residencias, ya que los otros 1.000 empleados que completan este grupo son funcionarios que disponen de su propio sistema negociador, así como de convenios y acuerdos particulares.

Críticas del PNV

Por su parte, la portavoz del PNV de Gipuzkoa Maite Peña criticó el «planeamiento erróneo» de la propuesta de la Diputación y lamentó la «interrupción del grupo de trabajo centrado en la política de gestión de las residencias, formada por todos los partidos políticos y creado la pasada legislatura, para la adopción de criterios comunes para la transferencia de las 16 residencias municipales a la Diputación de Gipuzkoa».

Manifestó que en su propuesta de convenio la Diputación «no ha dado a conocer su iniciativa a los ayuntamientos» y anadió que «no tiene en cuenta que las situaciones, los niveles de déficit y las condiciones laborales». En este sentido, Peña demandó «un planteamiento serio y compartido».