La Diputación de Araba aprobó un proyecto de norma foral para endurecer las medidas contra el fraude fiscal y «acorralar» a quienes defraudan, con el fin de convertirse en la administración que «más y mejor recauda», como explicó ayer el diputado general del territorio, Javier de Andrés.

Entre las 39 modificaciones que prevé introducir en la Norma General Tributaria, en el Impuesto de Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece la posibilidad de «anticipar medidas cautelares en supuestos de delito fiscal -más de 120.000 euros- para que no se vea frustrado el cobro de las deudas tributarias».

El diputado foral de Hacienda, Aitor Uribesalgo, destacó que la Diputación plantea establecer «la obligación de informar sobre los bienes y derechos en el extranjero» y «fija un régimen sancionador para quienes los oculten, que va desde los 10.000 euros hasta el delito penal».

En este caso, De Andrés indicó que con la nueva regulación, «si se descubre la existencia de bienes no declarados en el extranjero, nunca prescribirán y se considerarán como ocultados» y, a la vez, «lo que se tenga en el extranjero y se declare tendrá que contribuir conforme a la regulación tributaria», subrayó. De Andrés explicó que todas las medidas contra el fraude fiscal van dirigidas a que la Diputación alavesa sea «la administración que recaude más y mejor a los contribuyentes», aunque «no sea la que más cobre o la que tenga los tipos impositivos más altos».

En breve dará a conocer las cifras de la lucha contra el fraude en 2012, «que son excelentes». El proyecto de norma foral , que debe tramitarse en Juntas Generales, contempla también «endurecer las sanciones por fraude fiscal, limitar los pagos y gastos deducibles de las empresas así como endurecer la responsabilidad en caso de fraude». Entre lo poco que anticiparon los dos mandatarios alaveses, el nuevo texto prevé que la Hacienda foral «pueda impedir a una persona que está siendo investigada por posible fraude fiscal vender bienes inmuebles de las sociedades que posee hasta que se resuelva su expediente».

Gran desigualdad

Por otro lado, el Consejo Económico y Social (CES) del Estado español desveló ayer en un informe sobre «Distribución de la renta» la enorme desigualdad existente entre las rentas que provienen del trabajo y las empresariales y financieras.

Confirma, igual que ocurre en el ámbito vasco, que los empresarios declaran unas rentas de trabajo que son la mitad que las de sus trabajadores. Tributan por el Impuesto de Sociedades entre cinco y seis veces menos de lo que lo tendrían que hacer y el informe confirma que los salarios de los empleados se encuentran en una línea descendente en los tres últimos años.

El informe determina que el volumen de la economía sumergida se estima en el entorno del 20% del PIB, es decir 212.523 millones, y asegura que el fraude fiscal en el Estado español «podría elevarse hasta el 6% del PIB», es decir casi 65.000 millones anuales, lo que supone «un fuerte lastre, tanto para la capacidad recaudatoria como para el potencial redistributivo».