DEMANDA DE UN PROCESO CONSTITUYENTE
La crisis polÍtica abre el tabú de la constitución
Hasta hace no tanto, la Constitución española era un tabú intocable. Las demandas soberanistas de vascos y catalanes chocaban con el eterno argumento de que el texto era inalterable. Todo cambió con la reforma impuesta por PP y PSOE en verano de 2011 y que priorizaba el pago de la deuda. Ahora, la demanda de un «proceso constituyente» se abre paso desde distintos frentes. Aunque los dos grandes partidos podrían pactar cambios para mantener el régimen político.
Alberto PRADILLA
El Estado y sus instituciones fundamentales están implicados, en una u otra medida, en la corrupción, la sinrazón y la falta de respeto de derechos individuales y colectivos que caracterizan esta mal llamada democracia». No es un discurso reciente. Aunque, seguramente, hoy lo suscribiría un importante porcentaje de la ciudadanía española. Lo pronunció Jon Idígoras, entonces portavoz de HB, en el Congreso de los Diputados en 1996. La corrupción, los recortes salvajes que han degra- dado las condiciones de vida y las demandas soberanistas de Euskal Herria y Catalunya (especialmente, tras la declaración aprobada por el Parlament en enero de este año) evidencian la crisis estructural que afronta el Estado español. La Constitución de 1978 ya no es intocable. De hecho, la mayoría del arco parlamentario, salvo el PP, abogan por una transformación. Desde el limitado parche federal propuesto por el PSOE hasta el «proceso constituyente» que, desde ópticas diferentes, defienden la Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) y UPyD, las intervenciones durante el Debate sobre el Estado de la Nación de hace tres semanas evidenciaron que la Carta Magna se mantiene en pie con dificultades. Las críticas no llegan solo de voces como Amaiur, cuyo diputado, Iker Urbina, abogó por una «segunda transición» que reconozca el derecho de autodeterminación. Ahora, su legitimidad está siendo puesta en duda incluso por quienes participaron del pacto posfranquista.
Tras el Debate sobre el Estado de la Nación, un relevante miembro del Gobierno de Mariano Rajoy censuraba en los pasillos de la Cámara Baja los llamamientos a cambiar la Constitución pronunciados desde la tribuna. «Incluso apelan a un proceso constituyente, pero para eso deben de existir consensos», criticaba. El hecho de que hasta el propio Ejecutivo tome en consideración estas propuestas, aunque sea para descartarlas, evidencia su creciente popularidad. No solo entre formaciones de izquierda o soberanistas, sino también en ambientes activistas como el 15M.
Paradojas de la vida política, quienes más bandera hicieron del texto de 1978, llegando incluso a autodenominarse «constitucionalistas», son quienes abrieron el melón de la Carta Magna española. Ocurrió en verano de 2011, cuando PP y PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa, impusieron una modificación en el artículo 135 que prioriza el pago de la deuda sobre cualquier otro elemento. «Este acuerdo supuso la ruptura del consenso constitucional», afirma Enrique Santiago, secretario ejecutivo de Convergencia Político Social de IU, que recuerda que, hasta aquel momento, el texto había permanecido «sacralizado». Su compañero de grupo, Joan Coscubiela (ICV), fue el primero en apelar por un proceso constituyente desde el atril. ¿A qué se refiere concretamente? Santiago aclara que la apuesta se basa en una búsqueda de «acumulación de fuerzas y convergencia entre actores políticos y sociales que rechazan este sistema». Según el portavoz de IU, el objetivo es «una mayoría electoral». A partir de entonces, plantearían el cambio. Un modelo similar al experimentado en países como Venezuela o Ecuador.
Enrique Santiago indica que IU no quiere ubicar la cuestión nacional en el centro del debate. Defienden el modelo federal y reconocen el derecho a decidir. Pero no lo ubican como prioritario. Sin embargo, tampoco se puede obviar que las demandas soberanistas de Catalunya han acelerado las contradicciones. La respuesta del PSOE, incluso antes de que 13 diputados del PSC defendiesen la consulta en el Congreso, es una reforma constitucional. Eso sí, con la línea roja del veto a la consulta. También Alfredo Pérez Rubalcaba ha descartado la apertura de un proceso que tumbe el régimen de 1978.
Más allá va UPyD. Como decía Antonio Gramci, la crisis es la época en la que «lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer». Una etapa donde «surgen los monstruos». Ese papel le ha tocado al partido de Rosa Díez, que pide una «regeneración» del Estado indefinida pero cuya principal bandera es el nacionalismo español.
«Los procesos pueden venir desde arriba, dirigidos por élites para mantenerse, o desde abajo», recuerda Antonio del Cabo, catedrático y miembro de Constitucionalistas para la Democracia. Bajo esta lógica, no sería extraño que PSOE y PP buscasen un acuerdo que trate de blindar el actual modelo. Mientras tanto, la corrupción, la crisis y las demandas soberanistas siguen desgastando el marco político español.
La Assemblea Nacional Catalana (ANC), responsable de la histórica manifestación del 11 de setiembre, cumplió ayer un año y el próximo domingo celebra asamblea general, en la que votarán una nueva hoja de ruta que acelera los términos del proceso soberanista y fija la fecha de consulta, como mucho, en el 31 de mayo de 2014.
Heredera directa de las consultas sobre la independencia que se extendieron como la pólvora por todo el territorio catalán después de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, la ANC celebró su primer aniversario. Un año desde que el 10 de marzo del 2012 una apenas conocida ANC se presentase ante 7.000 personas en el Palau Sant Jordi.
Un año con un punto de inflexión indiscutible: la manifestación independentista de la Diada Nacional del 11 de setiembre. «Hemos acelerado la historia de este país», asegura sin dudarlo, desde la ANC, Ferran Civit, quien sin embargo, declina adjudicarse para la Assemblea todo el mérito: «La voluntad de la ciudadanía ya existía, solo había que conseguir visualizarla». Y vaya si lo consiguieron. Millón y medio de catalanes inundaron las calles de Barcelona aquel día, un 20% de la población del Principat.
La ANC venía de realizar más de 1.000 actos en dos meses, en el marco de la Marxa cap a la Independència, y tenía diseñada una hoja de ruta con la fecha del referéndum fijada en el 11 de setiembre del 2014. Pero la manifestación de la Diada y las elecciones del 25 de noviembre lo han acelerado todo. «Pensábamos que la clase política se sentiría presionada pero no recogería el guante», confiesa ahora Civit.
Pero lo recogió y, tras las elecciones, comenzó a trabajar con la vista puesta en la consulta. «En seis meses agotamos prácticamente la hoja de ruta que teníamos» señala Civit que, sin embargo, prefiere no mojarse a la hora de valorar el trabajo del Parlament, al considerar que «como no hay un manual para independizar países, porque cada uno lo hace a su manera, es muy difícil valorar si lo que se está haciendo es lo correcto y a la velocidad adecuada».
Tampoco entra a considerar si el proceso se está identificando demasiado con la acción concreta del Govern de CiU -con el apoyo externo de ERC-, aunque admite que son «comprensibles» las diferencias, por ejemplo, entre CUP y CiU, pero remarca: «Nosotros no nos metemos en el ámbito de los partidos, lo que queremos es un proceso unitario que implique a todos».
Esta delegación de protagonismo en la clase política, a veces criticada por sectores que no se acaban de fiar de dicha clase, no ha supuesto una paralización de las actividades de la ANC. De hecho, tras un análisis exhaustivo de los resultados electorales, la ANC -junto a otras entidades de la sociedad civil como Ómnium Cultural o la Plataforma per la Llengua-, se ha volcado en aquellas zonas en las que el discurso soberanista es visto con mayor recelo. Lugares como las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, en la que los resultados de los partidos que defienden un Estado independiente son más pobres. «Hemos empezado el trabajo de hormigas», explica Civit, quien añade que ahora, «la batalla es el derecho a decidir». Esto les ha llevado desde traer a Ramoncín a Cornellà para hablar de la independencia, hasta desembarcar un día en Hospitalet con 50 puestos informativos y cientos de personas conversando con la gente.
Ahora están en plena preparación de la asamblea general que celebrarán el domingo y en la que someterán a votación una nueva hoja de ruta. Un nuevo planteamiento en el que mantienen los objetivos pero acortan los plazos: fijan el 31 de mayo de 2014 como fecha tope para la celebración de una consulta.
Pero más allá de fechas concretas, Civit explica así el papel que asumen desde la ANC: «Catalunya está en la recta final de una maratón muy larga, estamos cansados, con muchos kilómetros a la espalda, y no sabemos si llegaremos a la línea de meta. Como sociedad civil, tenemos que preparar el avituallamiento de la gente que está corriendo. Si el avituallamiento no es suficiente cada kilómetro, lo pondremos cada 500, sino cada 50 y si hace falta, cada metro. Y si acaba siendo preciso, empezaremos a correr para que la clase política note nuestro aliento detrás de la oreja». Pueden ir preparando las zapatillas. Beñat ZALDUA
