La movilización, secundada por 18.000 personas según las organizaciones convocantes, recorrió las calles del Ensanche y del Casco Viejo de Iruñea con diversas pancartas que reclamaban mejoras en los ámbitos de la educación, la sanidad y otros servicios, así como con críticas y la petición de dimisión de la presidenta del Ejecutivo autonómico, Yolanda Barcina.

Estos lemas fueron también constantes en los gritos de los manifestantes, que profirieron una sonora pitada al paso por la sede de UPN, en la plaza Príncipe de Viana.

La marcha, que tenía como lema «En defensa de los servicios públicos de calidad, Zerbitzu publikoak garatu», fue convocada por los sindicatos CCOO, ELA, UGT, LAB, Afapna, Anpe, APF, CISF, ESK, SAE, SATSE, SMN, Solidari, SPA, STEE-EILAS y USO, con el apoyo de partidos políticos, como PSN, Aralar, Batzarre, Bildu, Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra, PCE-EPK, y diferentes organizaciones sociales.

Al término de la marcha, en la Plaza del Castillo, se dio lectura a un manifiesto conjunto en el que los convocantes denunciaron que el Gobierno de Nafarroa «acelera el desmantelamiento de los servicios públicos con la reciente destrucción de más de 2.300 puestos de trabajo», recortes que están afectando «negativamente a las condiciones de vida de la ciudadanía».

El aumento de las listas de espera sanitarias, el empeoramiento de la alimentación en los hospitales públicos tras la privatización del servicio, el deterioro del sistema educativo, el recorte en las ayudas a la dependencia o el avance de la exclusión social son algunas de las alarmas que citaron.

«Invasión de competencias»

Por ello, las organizaciones convocantes llamaron a la sociedad «a plantarse ante la invasión de las competencias propias de Navarra y a reivindicar tomar aquí las decisiones que afectan a nuestros servicios públicos», subrayaron.

Asimismo, el manifiesto declara que «rechazamos la conversión de los servicios públicos en un negocio para empresas privadas, así como que el incremento de los ingresos se realice sobre vías como los impuestos indirectos, el incremento de los precios públicos, el copago o fórmulas similares, que recargan el coste en la ciudadanía».

«Las personas, lo primero»

Por el contrario, defendieron que precisamente en época de crisis los esfuerzos «deben centrarse» en la defensa de los servicios públicos, «porque las personas son y deben ser siempre lo primero, y para ello deben conservarse los derechos a unas prestaciones sociales propias de un estado de bienestar y a unas adecuadas condiciones de vida, además del derecho a un trabajo digno y a una vivienda digna».

Por ello, defendieron que «hay que darle la vuelta» a esta situación y para ello «solo nos queda la concienciación ciudadana, la firmeza de los trabajadores y la movilización social», concluyeron.