En plena apoteosis del caso Bárcenas, el Gobierno español saca pecho tras parir un Proyecto de Ley que, dice el Partido Popular, está destinado a racionalizar la administración local, reducir su dimensión y la cantidad de cargos públicos asalariados que en ella anidan. Lo de racionalizar, forzosamente, ha de sonar razonable; la reducción de las administraciones, aun no compartiéndose, es comprensible en un partido más preocupado por lo privado que por lo común; y el posible recorte de los salarios de los prebostes, necesariamente, hace salivar a una ciudadanía continuamente recortada por ese engendro llamado clase política donde no se hacen distingos entre justos y pecadores.

Entiende el PP que lo racional es que la ley española diga a los ayuntamientos cuáles son sus competencias y cuáles pueden ejercer por delegación. Todo lo demás, sea cual sea el color político o la situación financiera del municipio, está vedado. Por eso las entidades locales no podrán ofertar a su ciudadanía servicios que están fuera de su órbita competencial, aun cuando cuenten con recursos para ello y aunque las administraciones competentes, aquejadas de la fiebre del recorte, se nieguen a prestarlos. Por eso los interventores municipales, convertidos en minidelegados del Gobierno español, tendrán que informar cuando entre en vigor la Ley sobre qué competencias se ejercen de forma impropia, y los servicios en que se plasmaban deberán echar el cierre. Para incrementar el ERE sobrevenido, el proyecto del PP estrecha el catálogo de competencias de los ayuntamientos, eliminando parte de las que hasta ahora se les reconocía de forma expresa. Nada en medio ambiente, salvo basuras y jardines, nada que hacer en vivienda, cero en educación, nada en servicios sociales salvo -solo en este último caso- si la comunidad autónoma delegase, el municipio aceptase y siempre bajo el estricto control de aquella.

Tras adelgazar las competencias, el Proyecto de Ley reduce los servicios esenciales que deben prestar los municipios a cementerio, alumbrado, basuras, agua, alcantarillado, padrón, parques y bibliotecas. Estos servicios podrán privatizarse cuando el ayuntamiento sea deficitario y todos los demás -los no esenciales según el PP- serán clausurados si el municipio incumple los requisitos de estabilidad presupuestaria dictados desde Madrid.

Tengan cuidado los municipios que blasfemen contra la sacra estabilidad si tienen menos de 5.000 habitantes, ya que serán disueltos y anexionados al colindante, y es que para los populares -aquejados de algún tipo de complejo- el tamaño sí importa y por eso suprimen patológicamente lo pequeño; borran minúsculas referencias de la ley a la participación ciudadana, se cargan el concejo abierto -forma asamblearia de gobierno que rige en algunos pueblos de menos de 100 habitantes- y promueven la desaparición de las entidades inframunicipales, espacios de gestión y participación que, por su excesiva cercanía a la ciudadanía, hacen olvidar el principio de autoridad y malacostumbran al personal al guirigay democrático.

No crean los medianos que están a salvo, ya que a los pueblos que no superen las 20.000 almas también les rondará el peligro, no ya de disolución, sino de usurpación. Y es que las diputaciones podrán despojar a esos ayuntamientos de la gestión de sus servicios cuando incumplan la dichosa estabilidad presupuestaria, o cuando sean ineficientes en atención a la economía de escala o cuando el coste de los servicios supere lo establecido por Madrid. Dicho de otra manera: cuando les venga en gana. Suena raro eso de que un gobierno que alardea de liberal fije el precio de un servicio. Pero teniendo en cuenta que se quieren cargar uno de los aspectos que determinan su cuantía, los convenios colectivos, todo cuadra. Al igual que cuadra la predilección por la economía de escala a la hora de contratar, ya que, a tan gran escala, los servicios solo podrán ser prestados por grandes grupos empresariales, dejando sin opciones a las empresas pequeñas. ¿De dónde venían los presuntos donativos que presuntamente nutrían los famosos sobres de Bárcenas?

Por otra parte, Rajoy y sus acólitos, en aras a un mercado grande y libre, dan un nuevo paso desregulador de forma que para emprender una actividad económica no será necesaria licencia municipal salvo que una ley sectorial así lo prevea. Llama la atención que solo se liberaliza la actividad económica, mientras que con todo lo demás -sea lúdico, espiritual o asociativo- los ayuntamientos podrán tener mano de hierro.

En fin, siempre queda el consuelo de la reducción de los salarios de los munícipes. Es una pena que la retirada de sueldos vaya a alcanzar sobre todo a los partidos de la oposición y en mayor medida si son pequeños. Podían haber determinado un sistema proporcional de reparto de parados consistoriales o, más aún, mostrar el mismo celo con los asesores de los equipos de gobierno cuyo número podrá ser mayor que el ediles con nómina. Valga de ejemplo un municipio de 240.000 habitantes donde frente a 18 concejalías asalariadas, habrá 27 cargos eventuales que, dado el silencio de la reforma, bien podrán ser todos asesores.

Finiquitado el último consuelo por la letra pequeña del proyecto, solo queda plantearse si el escudo foral podrá proteger a los municipios de Hego Euskal Herria de esta ola antidemocrática y amiga del oligopolio. La respuesta es arriesgada pero, considerando el estado de excepción al servicio de los mercados instaurado por el Gobierno español, la entente UPN-PP y la buena sintonía entre Rajoy y Urkullu, no sería de extrañar algún tipo de componenda que salve formalmente la foralidad y aplique el fondo destructor de lo público que tiene la reforma.

Una pena. Puestos a racionalizar y reducir se les podría haber ocurrido desmantelar la Monarquía, devolver unas cuantas policías allende el Ebro, establecer la presunción de delito sobre la banca, cerrar el Senado y, ya puestos, disolver este Estado que ni protege los derechos de las personas ni da respuesta a la voluntad de las naciones minoritarias a las que nos ha tocado en desgracia; sería un gran comienzo.