Es difícil afirmar, sin más matizaciones, que la muerte del preso político Xabier López Peña podía haberse evitado. Hasta el momento lo que se sabe es que López Peña ha muerto por complicaciones tras un ictus o un derrame cerebral en una operación de urgencia, lo que en lenguaje médico puede ser considerado, también sin matizaciones, una «muerte natural». Lo que en ningún caso se puede negar es que el modo en el que ha ocurrido -estando preso pese a padecer una enfermedad grave y crónica de la que las autoridades penitenciarias francesas estaban alertadas, en condiciones de vida pésimas y bajo medidas de seguridad que complican la capacidad de reacción ante cualquier problema, tras un traslado y una operación urgentes sobre los que se desconoce cómo ocurrieron, sin que sus allegados fueran informados de su situación hasta pasados varios días y ocultándoles su muerte durante 12 horas- era completamente evitable. Y por ser evitable, por ser consecuencia de decisiones tomadas por personas concretas con cargos concretos, tiene responsables. Empezando por el Estado que, al tenerlo bajo su tutela, es responsable de su custodia y su salud.

En un país con una cultura democrática mínima todo esto podrían parecer obviedades, pero vistas la nula reacción de las autoridades francesas y algunas de las reacciones públicas por parte de políticos e intelectuales españoles ayer, conviene dejar claro que estar privado de libertad no conlleva estar privado de otros derechos, y que en el caso de López Peña han sido todos estos condicionantes, en absoluto «naturales», los que han conducido a su muerte tal y como ha ocurrido. Dejando de lado a quienes hablan desde la venganza y el odio, quienes tengan como referencia un «estado de derecho» deberían asumir que la muerte de López Peña no tiene relación con la valoración que puedan hacer ellos de su vida, sino con las condiciones que le impuso un estado que se enorgullece de ser cuna de los derechos humanos y permite que sus presos sufran y, como en este caso, mueran por falta de asistencia médica. Algo que se agrava en el caso de los presos políticos, a los que se les aplica un régimen aun más duro e inhumano.

También se puede asegurar, no como opinión sino como pura constatación de una realidad, que los sistemas penitenciarios de la gran mayoría de estados occidentales son la causa de centenares de muertes al año como consecuencia de este tipo de decisiones políticas, que anteponen un concepto patológico de la seguridad a derechos como la salud, la educación o los propios objetivos que la mayoría de los códigos penales confieren a la privación de libertad, a saber, la reinserción, objetivo para el que la salvaguarda de los derechos mencionados es indispensable. La nefasta reputación en todos esos ámbitos del sistema penitenciario francés, descrito en detalle en "Lo que yo he visto en la prisión de La Santé" por la doctora Véronique Vasseur y denunciado por todo tipo de organismos internacionales, debería hacer reflexionar a sus responsables, incluso al margen de otro tipo de consideraciones políticas.

Unilateralidad, también por parte de los estados

En clave política, el Gobierno francés podía perfectamente haber tomado decisiones que hubiesen evitado este desenlace. No, quizás y por mucho que este debate sea estéril, la muerte; pero sí, sin duda, su propia responsabilidad en el fallecimiento del preso político vasco. Si la primera reacción de la izquierda abertzale ayer fue exigir que López Peña sea el último en morir así, es lógico pedir que el Estado que lo tenía preso cuando murió garantice que hará cuando esté en sus manos para que así sea.

El Gobierno de Hollande no tiene más presión que la de los mandatarios españoles para no actuar de manera proactiva en favor de la resolución del conflicto vasco. Es más, tiene a la gran mayoría de electos de Ipar Euskal Herria, incluidas algunas de las más importantes figuras de su partido, auspiciando una política más audaz, más sensata y más responsable en este tema. Es evidente que, dentro de ese gabinete, hay personas como Manuel Valls que tienen una concepción bélica de sus funciones y una sorprendente sintonía con sus homólogos del Partido Popular español. Pero no hay razón para que el Estado francés asuma los dictados del Gobierno de Rajoy. Puede, unilateralmente, hacer lo que está en sus manos para impulsar una paz justa y duradera, empezando por cambiar de una vez por todas su política para con los presos vascos. Sea por razones humanitarias o por razones políticas, la opción más inteligente es ejercer soberanamente esa unilateralidad.

Un Aberri Eguna especial

Una vez más, el Aberri Eguna llega tintado de tragedia y de luto. A estas alturas resulta tremendamente frustrante. No obstante, hay que recordar que la guerra sicológica es precisamente una de las armas más perversas que tienen los enemigos de la patria vasca. Haciendo balance, no cabe duda del valor del camino recorrido, de la potencialidad del momento político. La decadencia del sistema político que no permiten que este pueblo elija su propio futuro es también palpable. Que esa potencialidad se transforme en hechos no depende del adversario, sino sobre todo de las fuerzas propias, de la inteligencia al accionarlas, de una estrategia eficaz. Todo eso está ya sobre la mesa, pero hay que acertar a articularlo. Este pueblo ha perdido mucho en el camino, pero aspira a ganar la libertad. Hay que recordarlo, especialmente hoy.