Los diez parlamentarios del PP se quedaron ayer solos en la defensa de la reformas municipales que plantea el Gobierno español y que son consideradas como destructivas por el resto de grupos. PNV, EH Bildu y PSE consensuaron un texto por el que el Parlamento autonómico rechaza un proyecto de ley que considera una «grave injerencia» e insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a abrir un proceso de negociación tanto con los grupos parlamentarios como con los agentes que trabajan en la Administración local.

La iniciativa del acuerdo alcanzado ayer partió de sendas propuestas presentadas por PSE y EH Bildu, las cuales se debatieron conjuntamente. El acuerdo se amplió después al PNV.

Por un lado, el Parlamento de Gasteiz reafirmó «la trascendencia del papel de los ayuntamientos» en la vertebración del territorio, la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

Tras rechazar el anteproyecto de ley con el que trabaja el Gobierno español, le reclamó que «cualquier modificación de la legislación básica en materia municipal refleje expresamente la singularidad foral del entramado institucional vasco, tal y como se aprobó en el propio Congreso de los Diputados».

El acuerdo tripartito forjado ayer contiene también la petición al Gobierno de Lakua de que en el plazo de doce meses presente a la Cámara el proyecto de Ley Municipal de la CAV.

«Sonora bofetada»

La presidenta de Udalbiltza, Mertxe Aizpurua, y un grupo de alcaldes de Bildu estuvieron presentes en la sesión parlamentaria. Tras la contundente votación registrada, manifestaron que «las principales instituciones de Hego Euskal Herria han proporcionado una sonora bofetada» a los plantes del Gobierno español, puesto que también el Parlamento de Nafarroa y numerosas instituciones locales se ha posicionado ya en contra de la misma.

Tal y como hicieron otros portavoces durante el debate, estos alcaldes subrayaron que el proyecto de Madrid limita la capacidad financiera y competencial de los ayuntamientos, elimina su capacidad para el complemento de servicios y se refuerza el riesgo de intervención de los municipios.

A su entender, los ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes quedarían en peligro de extinción y la supervivencia autónoma de los de menos de cinco mil habitantes sería casi imposible.

El anteproyecto que prepara Madrid está todavía en fase de poder ser corregido.