La PAH denunció que la citada Ley «no respeta un procedimiento judicial con todas las garantías legales necesarias», ya que «no se aborda ninguna opción para todas aquellas personas que ya han perdido su vivienda, condenándolos de esta forma a la exclusión social» y se legaliza «el abuso bancario sobre el consumidor que ya ha sido desalojado». Además, en el caso de los procedimientos vivos, censuró que se fija un plazo de caducidad de un mes, cuando hasta ahora no había plazo, y provoca «inseguridad jurídica por notificación mal realizada».

Por otro lado, en su comunicado, la PAH criticó que fija «los intereses de demora en tres veces el interés legal del dinero, cuando venían fijándose en 2,5 veces o incluso menos» y se permite su aplicación «una vez declarada nula la cláusula, cuando antes se impedía su integración».

Por otro lado, se permite fijar el precio para la subasta en un 75% de su valor de tasación, cuando antes era del cien por cien y, en caso de quedar desierta la subasta, aparentemente el valor de adjudicación sube al 70%. Sin embargo, si ese porcentaje generara saldo a favor del deudor, la adjudicación seguirá siendo por el 60%, por lo que «el banco nunca pierde», afirmó.

La plataforma también denunció que con la nueva legislación se mantienen los «desalojos forzosos y la deuda perpetua». En resumen, la plataforma lamentó que con la nueva Ley se «deniegan derechos ya reconocidos por la legislación vigente, la jurisprudencia o las directivas europeas». A su juicio, esta nueva norma está «hecha al dictado de los bancos, que una vez más viola Derechos Humanos y excluye totalmente a los más vulnerables».

Frente a todo ello, la PAH ha elaborado un «kit de emergencia», con el que se ha puesto el objetivo de «facilitar a las personas afectadas con procedimientos de ejecución en curso que puedan plantear las cláusulas abusivas dentro del plazo inicial de un mes, y que finaliza el próximo 16 de junio de 2013».

Solicitud de justicia gratuita

El kit se compone de consejos generales para alegar cláusulas abusivas, un modelo de escrito para solicitar justicia gratuita, otro para plantear las cláusulas abusivas, así como un modelo escrito para solicitar suspensión subasta notarial, acompañado también por una guía específica para las notariales.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca instó a los jueces, que en el último año han demostrado «mayor y mejor conocimiento de la realidad social que el propio Gobierno central», a que «mantengan esa sensibilidad». En este sentido, confía en que actúen de oficio en el análisis de las cláusulas «abusivas» o no permitan la «indefensión» de las personas afectadas, «dando traslado de la posibilidad de plantear las cláusulas abusivas a todas las personas con procedimientos en marcha».

Asimismo, esta organización social invitó a la ciudadanía a «seguir presionando a los poderes públicos y así forzarles a que actúen de acuerdo al interés general», porque «si hay voluntad política, sí se puede», afirmó con optimismo.