En una nueva batería de enunciados sobre la participación política, cuestión que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Colombia tratan en esta nueva fase del diálogo instaurado en La Habana, la delegación de paz de la guerrilla demanda la expedición de un «estatuto de la oposición política y social» para garantizar, entre otros, el derecho «a constituir partidos, movimientos políticos y agrupaciones políticas sin limitación alguna».

También plantea que el reconocimiento de la personalidad jurídica de los partidos o movimientos políticos no esté supeditado al logro de un umbral electoral determinado y sea suficiente con inscribir el programa y estatutos correspondientes, según una declaración leída por Jesús Santrich, alias de Seuxis Paucias Hernández.

La guerrilla reclama que el Gobierno se comprometa a desmontar de forma efectiva, real y material las estructuras paramilitares del país y proscriba «toda práctica ilegal de contrainsurgencia que impida el libre ejercicio del derecho y las garantías a la oposición política y social».

Las FARC insisten en la necesidad de una reparación y resarcimiento integral para la Unión Patriótica (UP) que incluya la devolución de los curules (escaños) que tenía en el momento de su mayor representatividad, así como «el esclarecimiento del genocidio» que sufrió la formación.

La UP nació en 1985 a raíz del acuerdo entre el expresidente Belisario Betancur y las FARC y que miles de sus militantes murieron a manos de paramilitares y fuerzas del Estado.

El pasado 9 de julio, el Consejo de Estado de Colombia resolvió devolver a la UP su personalidad jurídica, lo que le permitirá participar en las elecciones de 2014.