Desde el pasado fin de semana hasta la tarde de ayer doscientas personas habían arribado a las costas gaditanas procedentes del norte de África, tras haber atravesado en embarcaciones precarias las aguas del Estrecho de Gibraltar. La mayoría ha acabado en los calabozos de Algeciras, dado que el Centro de Internamiento de Extranjeros no está operativo por falta de espacio y ante la inexistencia de instalaciones adecuada para acogerlas. La saturación es tal que algunos sindicatos policiales ya han alzado la voz, y en caso de que el aluvión se mantenga en las próximas jornadas la situación de hacinamiento podría volverse insostenible.

La llegada de miles de personas en embarcaciones que en algunos casi ni siquiera merecen tal nombre a las playas del sur peninsular, cuando no son interceptadas en el mar o directamente tragadas por él, es un fenómeno que se repite cada año y al que las autoridades no han querido -decir que no han sabido sería condescendiente- dar una respuesta adecuada. Ni las autoridades españolas, ni las marroquíes ni las europeas, impasibles ante un drama de gran magnitud.

Esta vez, la interceptación de doscientas personas en aguas del Estrecho coincide con la controversia entre los gobiernos español y británico a cuenta del Peñón de Gibraltar, un rifirrafe diplomático estéril, que acabará desapareciendo a medida que vaya llegando el fin de la época estival. Una polémica recurrente, que busca desatar bajas pasiones a sabiendas que nada cambiará cuando amaine, y que resulta bochornosa ante noticias como esta. Que los mandatarios españoles anden enzarzados con sus homólogos británicos en torno a un enclave cuyos habitantes han dejado claro qué son y qué no quieren ser, cuando cientos de seres humanos se apelotonan en calabozos a pocos kilómetros de allí es vergonzoso. El Ejecutivo del PP debería abandonar su obsesión con el Peñón y empezar a preocuparse por lo que ocurre en las aguas que lo circundan.