El viernes el Parlamento de Gasteiz aprobó la Ley de Suelo y Urbanismo con el respaldo mayoritario de los votos de la Cámara vasca. Se aprobó a bom- bo y platillo, tras más de tres años de tramitación parlamentaria, con la promesa de que será una gran ayuda para resolver el problema de acceso a la vivienda que sufrimos decenas de miles de personas en esta parte de Euskal Herria.

El señor Madrazo y su equipo han optado por sacar adelante una iniciativa legal totalmente descafeinada tras los sucesivos pactos (dentro del tripartito, con el PSE y con EUDEL). Una ley que no va a resolver nada, y no lo va a hacer porque no trastoca los cimientos del entramado político-urbanístico-económico en el que se basa el sostenimiento de la burbuja inmobiliaria que sufrimos. La vivienda, todo lo que la rodea, es una máquina de hacer dinero a espuertas de la que se benefi- cian promotores, constructores, banqueros y también, hay que decirlo claro, muchas corruptelas políticas vinculadas a la oligarquía de siempre. Cualquier intento, por mínimo que sea, de cambiar las reglas de juego de ese mercado provoca automáticamente que se ponga en marcha la maquinaria mediática para defender los grandes beneficios de unas pocas personas. En este contexto Ezker Batua o no ha podido o no ha querido mantener el pulso, rebajando una vez tras otra los límites que se autoimpusieron de cara a las negociaciones. ¿No hubiera sido mejor, Señor Madrazo, retirar el proyecto de ley y denunciar públicamente a esa cuadrilla de impresentables? Ha sido su opción.

Más allá de esto, esta Ley del Suelo, no hubiese podido resolver, ni ninguna otra, por sí misma el problema de la vivienda. Y no lo hubiera logrado porque toda ley que no vaya acompañada de compromi- so político sirve de muy poco. Pero, ¿qué compromisos tienen el conjunto de las instituciones públicas vascas? Entre ellos, uno muy claro: ser el alumnado aventajado del neoliberalismo en el Estado Español y en Europa.

Qué podemos esperar las personas necesitadas de una vivienda digna (y de otras necesidades sociales) de unos ayuntamientos que llenan sus arcas subastando terrenos públicos y construyendo viviendas de precio tasado para ganar dinero, de unas diputacio- nes que año tras año dejan de ingresar más y más dinero a base de reducir impuestos a las personas ricas e incrementar las injustas deducciones fiscales. Y qué decir del Gobierno vasco, empeñado año tras año en gastar menos dinero en necesidades sociales y en cerrar las cuentas anuales con superávit.

Que nadie nos lleve a engaño, no hay en este país una sola institución comprometida de verdad en garantizar un acceso digno y universal a la vivienda. Lo que sí hay es un compromiso de la organizaciones sociales y sindicales por continuar un trabajo en común en la materia, de cara a poder generar una respuesta social contundente. Entre todas las organizaciones tenemos que conseguir socializar nuestra tabla reivindicativa común, sumar efectivos y romper de una vez la desmovilización social con este tema.

La aportación sindical tiene que tener en esta materia un peso específico, no en vano los sectores más perjudicados son los populares. Desde ESK lo tenemos muy claro: mientras no se sitúe el derecho a la vivienda lejos de las garras del mercado, no se solucionará el problema. No podemos seguir aceptando políticas que parchean, y que encima lo hacen mal y con pocos recursos. Tenemos que convencernos de que no puede haber en este país tantas decenas de miles de viviendas vacías y tenemos que ser capaces de impulsar medios que permitan poner las mismas al servicio de las necesidades sociales. No podemos seguir construyendo al ritmo actual si queremos conservar un poco de verde en este país, porque eso sólo deja beneficios a las personas que quieren especular. Además, en muchos países de Europa lo tienen claro: el suelo y la vivienda son antes «productos» para garantizar las necesidades de la gente que bienes de inversión o de ahorro. Sólo si conseguimos romper la dinámica especulativa, poniendo todas esas viviendas al servicio del parque público de alquiler habremos dado un paso fundamental de cara a resolver el problema.

Las administraciones públicas tienen que garantizar todos los derechos sociales que ahora mismo nos están negados, entre ellos el de la vivienda, pero tenemos que tener claro que a las personas obreras nunca nos han regalado nada, así que no esperemos que ni el PNV ni el PSE, ni ningún otro gobernante, nos vaya a sacar las castañas del fuego. Volvamos a ganar la calle y a plantar cara. -