El Gobierno, los fiscales y los jueces se han encontrado con una potente bomba y, en lugar de estudiarla primero para desactivarla después, le han prendido la mecha para que explote, pero seguramente les explotará en las manos. De manera incomprensible han creado una gran alarma social y han retenido su dinero a 400.000 ahorradores. Dicen que la empresa estaba estafando a los inversores porque los sellos estaban sobrevalorados y que también estafaba a la Hacienda Pública.

Debemos entender que estas empresas realizaban sus estafas al margen de la ley y que ahí radica el gran problema. Se habla de que existe un vacío legal, de que se intentó legislar sus actividades económicas y mercantiles y que por diversas razones, seguramente políticas y económicas, se les dejó funcionar durante muchos años.

Llevaban más de 25 años cumpliendo con todos los compromisos económicos de sus clientes. Ningún cliente presentó ninguna queja ni denuncia. El Gobierno ha actuado de oficio por medio de sus fiscales y jueces, que han declarado la quiebra, reteniendo el dinero de esas empresas. No podemos entender semejante falta de previsión y desatino por parte del Gobierno. ¿Cuáles son las razones ocultas de esta intervención? Porque si querían cobrar las deudas que las empresas tuvieran con Hacienda, se les llama a las empresas y se establece un plazo razonable de pago, como se hace con algunos de los que estafan a Hacienda.

Si el Gobierno pretendía con esta medida proteger a los inversores, como dicen, no sólo ha desprotegido, sino que ha arruinado de manera drástica y de una sola atacada a 400.000 ahorradores. ¿No se podían enderezar de alguna manera las empresas? ¿O es que el Gobierno no se da cuenta de lo que ha hecho y ni siquiera era consciente de la gravedad de su intervención judicial?

Dicen que han descubierto un enorme agujero económico y para llegar a la intervención judicial suponemos que deberían tener abundantes y precisos datos, pero mucho nos tememos que no es así, porque en este caso la solución sería rápida. No han aportado datos concretos y relevantes, sólo generalidades, y dicen que están investigando y que llevará mucho tiempo. Nos da la impresión de que nos están distrayendo y engañando. Una vez realizada la intervención en la forma en que lo ha hecho el Gobierno, la única forma de recuperar nuestro dinero automáticamente sería repartir lo que haya de la forma más rápida entre los acreedores y ahorradores, antes de que los «intermediarios» que pululan alrededor de las quiebras se lo lleven todo.

Hablan de que los sellos estaban valorados muy por encima de su valor real. ¿Cuál es el valor real de cada cosa? ¿Acaso la bolsa no es una enorme «estafa», según los argumentos de esta intervención judicial, avalada por las leyes y por los gobiernos? Es equivalente a la compraventa de dinero. De hecho, se compran y venden títulos por un importe que es diez, veinte o cincuenta veces su valor nominal.

Que nos expliquen, asimismo, si no es una enorme estafa la «compraventa» de terrenos antes y después de las recalificaciones, donde el valor de los solares se multiplica por miles de un día para otro, con el consentimiento y beneficio de los políticos de turno. Cuando unos se enriquecen tanto es porque otros se empobrecen en la misma proporción, porque el dinero no cae del cielo ni es patrimonio de los listos, como nos dicen, sino más bien de gentes sin escrúpulos que acumulan a cuenta de los demás.

Si el Gobierno interviniera a cualquier gran banco o grupo financiero como lo ha hecho con Afinsa y Fórum, pasaría lo mismo: que el banco quebraría y desaparecería.

Dicen que estas empresas pagaban unos intereses excesivos, porque eran el doble de lo que pagan los grandes bancos. Y sí que es verdad que los grandes bancos pagan unos intereses raquíticos, pero también es verdad que ellos obtienen unos beneficios astronómicos. O sea que tienen unas ganancias con nuestro dinero muy superiores al 6% o al 10%, lo que ocurre es que se lo quedan ellos y a nosotros nos dan unas migajas a las que además descuentan retenciones, gastos, comisiones, corretajes, custodias, correo, etcétera.

Al final se van quedando con tu dinero mientras ellos anuncian orgullosos más beneficios cada año, superiores en un 30%, y algunos bancos rondan ya los mil millones diarios de ganancias. Por eso algunos hemos salido huyendo de los bancos y cajas de ahorro buscando un interés más real de nuestro dinero; es decir, tratando de escapar de unos presuntos estafadores hemos sido doblemente estafados, pues se han quedado con nuestro dinero, primero una empresa y luego el Gobierno.

¿No sería quizás ésta la razón de la intervención del Gobierno: que regresemos con nuestros ahorros a la gran banca y cajas de ahorro? Que no se atrevan unos desaprensivos a crear una «competencia desleal»a los grandes capitalistas. Sobre la estafa que suponen los sellos debemos aclarar que nosotros realmente no invertíamos en sellos, sino que realizábamos una inversión a plazo fijo del 6% anual, y el Gobierno y demás estamentos lo sabían bien porque incluso hay informes oficiales que afirman que Afinsa y Fórum eran realmente financieras, aunque, sin embargo, operaban como empresas de compraventa de bienes tangibles (sellos sobre todo), porque el tratamiento económico y fiscal sería más rentable para la empresa, suponemos.

Lo cierto es que el Gobierno lo sabía y lo consentía. ¿A qué viene ahora tanta indignación y tanto dramatismo? ¿Qué es el agujero económico, cómo lo han descubierto y, sobre todo, cómo lo han valorado?

Todos sabemos lo que ocurre con las quiebras por intervención judicial, que la empresa pasa a ser responsabilidad del Gobierno, es decir, que es de todos y no es de nadie, a río revuelto ganancia de pescadores. Cada intervención, cada movimiento, cada acción debe ser vigilada y autorizada por los jueces, fiscales, notarios, procuradores, abogados, técnicos, asesores, gestores, peritos...

Una enorme burocracia que se alarga indefinidamente hasta que haya fondos en la empresa de dónde cobrar. Por eso, la única opción para los afectados que tienen ahí su dinero es la de movilizarse y presionar al Gobierno y a los poderes públicos: primero, para que la empresa se liquide inmediatamente y antes de que desaparezca el dinero; y segundo, para que el Gobierno asuma su grave responsabilidad subsidiaria, pues ha consentido el funcionamiento fraudulento de las empresas durante más de 25 años y al final ha realizado una intervención desproporcionada y desacertada. Había soluciones y han sido despreciadas. -