El Partido Popular fue el único grupo que primero en el Parlament de Catalunya y después en el Congreso de los Diputados se mantuvo en todo momento en contra del nuevo estatuto de autonomía catalán. Consideró excesiva e inconstitucional la versión que salió de Barcelona y siguió manteniendo similares consideraciones con la que finalmente se aprobó en las Cortes españolas.

El PP perdió por goleada todas las votaciones en ambos legislativos y también la consulta a la ciudadanía catalana, pero ganó el lunes por seis a cinco una disputa en el Tribunal Constitucional que puede resultar decisiva para el futuro del Estatut. Lo que no consiguió por su representación popular, puede lograrlo gracias al buen posicionamiento en las más altas instancias judiciales que logró durante sus ocho años de gobierno en Madrid.

El Tribunal Constitucional debe decidir sobre varios recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Estatut de Catalunya por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autonómicas gobernadas por la derecha española. Se conocía que la correlación de fuerzas en el seno del TC, compuesto por doce magistrados y magistradas, se encontraba empatada a seis entre los considerados «conservadores» -seguidores de las tesis del PP- y los «progresistas» -que en principio podrían dictaminar a favor de la constitucionalidad del Estatut-. El voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, se decantaría por el lado «progresista».

Romper el empate

Con las cosas así, el primer paso del PP fue tratar de romper a su favor ese empate. Escudriñó en el currículo de los magistrados y encontró que uno de ellos, Pablo Pérez Tramps, nombrado por el Gobierno de Zapatero en junio de 2004, había realizado con anterioridad, en tiempos de Jordi Pujol, un trabajo en su condición de catedrático sobre «La acción exterior y la participación europea ante una posible reforma del Estatuto de Cataluña" para un libro editado por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat. Entonces ni siquiera se había planteado formalmente la reforma estatutaria, que llegaría con el tripartito encabezado por Pasqual Maragall.

El PP consideró que éste era motivo suficiente para recusar al juez y tras seis días de acalorados debates, con una importante quiebra en su seno, el TC falló el lunes, por seis a cinco, a favor de la recusación. Es preciso recordar que hace unos meses, en un trámite anterior, no admitió la misma recusación por los mismos motivos.

Los recurrentes y en general la derecha española -incluidos Ciutadans- se han felicitado por la recusación. La Generalitat y los partidos catalanes, por el contrario, consideran que nos encontramos ante un nuevo caso de politización de la justicia. El PSOE se muestra perplejo. El Gobierno español, «respeta» el fallo. Todos ellos dan por hecho que la votación del lunes -seis a cinco- puede ser el antecedente de la declaración de inconstitucionalidad del Estatut.

Se plantea la dimisión

Recusado Pérez Tremps, sólo queda una fórmula para volver al equilibrio de fuerzas en el seno del TC. Que el propio magistrado dimita y el Gobierno español nombre a otro que se encuadre entre quienes no ven indicios de inconstitucionalidad en el texto. Este será ahora el nuevo caballo de batalla.

El propio afectado, Pablo Pérez Tremps, dolido, adelantó que se va a plantear la posibilidad de dimitir. La derecha española ya ha puesto a cargar sus baterías para descalificar esa decisión. Habla de «fraude» y «quiebra del TC».