Después de varias semanas escuchando a los portavoces de los principales partidos españoles y a los grandes medios de comunicación ensalzar la independencia del poder judicial en los casos de Segi, De Juana, Ibarretxe-Otegi... llega este recurso y resulta que todo era filfa. No es que por estos lares nos hubiéramos creído el discursito -hace tiempo que la experiencia nos demostró lo contrario-, pero llama la atención la rapidez con la que quienes ayer estaban con su bla, bla, bla sobre la separación de poderes y todo eso, se ponen ahora a hacer cuentas sobre cuál puede ser el futuro del Estatut de Catalunya en función de los posicionamientos políticos e ideológicos de los magistrados que quedan en el Tribunal Constitucional. Y no se libra nadie, porque quienes no están denunciando la maniobra del PP, están dando saltos de alegría. Unos y otros demuestran que nadie cree en la independencia de los jueces.

Pero esta nueva batalla entre «conservadores» y «progresistas» en el Tribunal Constitucional -que puede acabar echando por tierra el nuevo Estatut de Catalunya (grave problema, aunque también enorme oportunidad)- no debe ocultar el pecado original de tan alta instancia a la hora de dirimir cualquier disputa entre el Estado y las naciones: la composición siempre parcial del TC. Cuatro de sus miembros son nombrados por el Congreso por mayoría de tres quintos, otros cuatro por el Senado con igual mayoría, dos por el Gobierno español y otros dos por el CGPJ. Es decir, el TC está siempre compuesto por miembros que responden a la visión del estado que tienen los dos grandes partidos españoles.

Si en este momento hay un debate con división de opiniones sobre la constitucionalidad del Estatut de Catalunya es porque hay visiones divergentes entre PP y PSOE. Si se tratara de una disputa entre el Parlament catalán y las instituciones españolas ni siquiera habría lugar a la duda, el TC -con consenso entre «conservadores» y «progresistas»- se posicionaría a favor de las tesis españolas. En este tipo de materias, el TC siempre ha sido un juez parcial. Y, sin embargo, ni la versión inicial del nuevo Estatut puso nunca en duda su labor de arbitraje. Sólo aspiró a intentar nombrar algún magistrado.

El Estado español, en cuestiones de soberanía, siempre juega en casa, con las reglas trucadas y el árbitro a favor.