El 25 de septiembre pasado las Juntas Generales de Araba aprobaron una moción que establecía la colocación de un monolito en homenaje a los represaliados del golpe del 36 y del posterior régimen franquista. Con todo, según Ramón Rabanera, diputado general en el herrialde, dicho acuerdo «no implicaba ningún mandato», y ayer se mostró ante la prensa contrario a lo aprobado en las Juntas. El dirigente del PP consideró que «la sociedad está harta de divisiones entre nosotros», y argumentó que «hacer un monumento exclusivamente para una parte de un bando es otra vez abrir heridas».

Las víctimas del franquismo y colectivos por la «memoria histórica democrática y antifascista de Euskal Herria» denunciaron la actitud del diputado general por varias razones, y le exigieron una rectificación pública. En primer lugar, consideraron que Rabanera debe respetar la decisión de las Juntas de Araba, y por ello le reclamaron que «acate el mandato». Por otra parte, afirman que sus declaraciones son una ofensa para «los miles de represaliados del franquismo». Ponen como ejemplo la afirmación del diputado general de que «quiero un monolito que represente a todos los alaveses, porque estoy convencido de que la mayoría fueron con buenas intenciones a aquella tragedia nacional». Según los colectivos, con esto «pretende equiparar a los responsables del golpe del 36 con los que lucharon en contra del fascismo» y «olvida intencionadamente la realidad represiva de Araba durante el régimen».

Los colectivos facilitaron datos de la represión denunciada a la vez que afirmaban que las declaraciones de Rabanera evidencian el hecho de que «la estrategia franquista, que en un contexto de retaguardia exterminó a 350 personas en un ejercicio de ensañamiento y aniquilación, también parece ignorar que miles de alaveses sufrieron la privación de libertad, la cárcel, los campos de concentración, la explotación económica, los trabajos forzosos o el exilio». De esta manera explican la afirmación del diputado general cuando «dice estar convencido de las `buenas intenciones' del bando golpista que protagonizó una rebelión militar contra la legalidad democrática, provocando una guerra civil que acabaría imponiendo a sangre y fuego una dictadura en la que la represión continuó». La conclusión de la argumentación de los denunciantes es que «omite a todos esos represaliados, entre ellos alaveses, que fueron ejecutados durante el régimen tras pasar por Consejos de Guerra sumarísimos y los que fueron asesinados por los aparatos policiales en las décadas 60 y 70».

Muestran el «revisionismo»

Los colectivos por los represaliados del franquismo aprovecharon para declarar en su nota que «el golpe de Estado y el posterior régimen dictatorial supusieron un ataque contra lo derechos humanos, civiles y políticos cuyas consecuencias no están superadas».

Respecto a esta última afirmación, argumentaron que «actitudes como la que mantiene el diputado general de Araba, además de ofensivas, son la más clara muestra de la continuidad no sólo de una lectura permisiva sino de pleno respaldo a las lecturas revisionistas en torno al golpe fascista del 18 de Julio y el franquismo».