«caso 18/98"
El fiscal pide casi 500 años de cárcel por trabajar por Euskal Herria
Quince meses después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional expuso ayer sus conclusiones en el juicio del sumario 18/98. Miembros de organizaciones como Ekin y Xaki, de la fundación Zumalabe, del diario «Egin" y de diversas empresas se enfrentan a una posible condena de 484 años de cárcel. Para el fiscal Enrique Molina, todos salvo Pepe Uruñuela tienen relación con ETA. Unos procesados que despidieron a la Sala con un grito: «Gora Euskal Herria askatuta!"
Iker BIZKARGUENAGA | MADRID
Casi cinco siglos de cárcel. Este es el volumen de la petición final anunciada ayer por el fiscal Enrique Molina, que durante todo el proceso 18/98 y también en la vista oral ha representado al Ministerio Público. Ayer estuvo arropado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. En un extenso escrito de 256 folios, Molina insiste en la tesis que ha expuesto y defendido en todo este tiempo, aquella que sostiene que todos los organismos de la izquierda abertzale dependen y están supeditados a ETA, y mantiene las imputaciones contra la práctica totalidad de los procesados. En total, reclama 484 años de cárcel para las personas acusadas. El representante de la AVT se adhirió a la petición fiscal.
Para el resto de los imputados, la Fiscalía solicita penas de prisión de entre 4 y 19 años, siendo las personas encausadas por su relación con el Consejo de Administración de Orain las que se enfrentan a las peticiones más altas de cárcel. Concretamente, José Luis Elkoro, Patxo Murga, Jesús Mari Zalakain e Isidro Murga son quienes tienen sobre sus cabezas una posible condena de 19 años. Además, se da la circunstancia de que éste último ha visto cómo su petición de condena se ha incrementado en tres años, ya que en el escrito de calificaciones parcial el fiscal planteaba en su contra una pena de 16 años.
Las más altas, por «Egin»
Sobre estas cuatro personas, asimismo, Molina reclama, en concepto de responsabilidad civil, que «respondan solidariamente con Orain S.A. frente a la Tesorería General de la Seguridad Social» (TGSS) a una cantidad de 1.734.277 euros (unos 290 millones de pesetas) por el montante que supuestamente «Egin» debía a la Seguridad Social. También se incluye como responsable solidario de esta cuantía a Iñaki Zapiain.
De esta forma, tal como se explicita en su informe, el fiscal hace caso omiso de lo manifestado durante el juicio tanto por los procesados como por el propio responsable de la TGSS en Guipúzcoa, Juan Antonio Trecet, que explicó que habían llegado a un acuerdo con los responsables de «Egin» para el pago de la deuda y expuso su convicción de que el diario le habría hecho frente de no mediar el cierre.
El resto de los acusados por otras piezas se enfrenta a penas de siete y nueve años de cárcel, dependiendo de si Molina les acusa de «colaboración» o «integración».
A este respecto, a todos los acusados en la pieza que se refiere a Xaki la Fiscalía les reclama nueve años de prisión. Los testimonios de Mikel Egibar y Nekane Txapartegi, que denunciaron en la vista las durísimas torturas sufridas a manos de la Guardia Civil -al igual que Xabier Alegria, y Xabier Arregi, éste último a manos de la Policía española- no han hecho que Molina modifique sus conclusiones, y de hecho las declaraciones policiales de estas personas han sido utilizadas para formular las inculpaciones.
A los procesados por su relación con la Fundación Joxemi Zumalabe la Fiscalía les acusa de «colaboración», y pide para ellos condenas de siete años de prisión. Contra todos, menos Pepe Uruñuela y Karlos Trenor, al que sí se piden once años por el «caso Egin».
En la parte relacionada con Ekin, a la mayoría de los procesados se les reclaman nueve años por «integración». A Marta Pérez y Oiakue Azpiri, por su parte, el fiscal les acusa de sendos «delitos de colaboración», por lo que solicita contra ellas una condena de siete años. Siete años por figurar como titulares de la cuenta corriente de una revista que se difundía abiertamente en Euskal Herria.
Molina no ha tenido en cuenta que los propios «peritos» de la UCI, propuestos por él, explicaran que no podían imputar a Ekin ningún delito, y que detallaran que no tenían ningún elemento probatorio contra varios de los encausados. Lo mismo sucede con los imputados en la pieza de Zumalabe, cuya labor a favor de los movimientos sociales de Euskal Herria ratificaron los propios policías.
De los ocho procesados en la pieza de las empresas, además de los trece años pedidos contra Joxean Etxeberria se solicitan nueve para Txente Askasibar, José García, Iker Beristain y Bigarren Ibarra. A los otros tres, Andoni Díaz, Juan Pablo Diéguez e Inma Berriozabal, se les imputa «colaboración» (siete años).
Larunbateko manifestazioarekin bat
Errepresioaren estrategiari eutsita gatazka luzatzearen aldeko hautua egiten du PSOEk Permachen ustez. Izan ere, hiru auzion bultzatzaile nagusia Fiskaltza izan baita, eta beraz PSOE alderdiaren gain dagoela dio Permachek ardura nagusiena. Gainera, «lotsagarritzat» jo zituen arduradun politiko gehinek azaldutako jarrera; PSEko idazkari nagusi Patxi Lopez eta EAJko buru Josu Jon Imaz izan zituen, batik bat, kritiken jomugan. Mahaikideak nabarmendu zuenez gatazka politikoa bera azaltzen dute erabaki judizialok eta arduradun politiko gisa gatazkaren erroetara jo eta berau konpontzeko jarrera izan behar litzateke azaldu beharrekoa.