Tras las elecciones al Parlamento de Cataluña del pasado 1 de noviembre se había de formar gobierno para afrontar la etapa del despliegue competencial del nuevo estatuto. La opción de pacto PSC-CIU, la preferida por el PSOE y la coalición liderada por Artur Mas, no fue posible por el rechazo de los socialistas catalanes que optaron por reeditar el tripartito con ERC y ICV bajo la denominación de «Entesa Nacional pel Progrés». La otra alternativa, el pacto entre CIU y ERC, no era la opción prioritaria para ninguna de estas fuerzas. ERC, retornada al pragmatismo tras las oscilaciones vividas durante la etapa de negociación estatutaria, se aviene al pacto con los socialistas acatando el resultado del referéndum y se apresta a gobernar argumentando que su presencia en el ejecutivo ofrece la posibilidad de obtener un desarrollo estatutario capaz de llegar a los límites más avanzados que permita la legalidad vigente.

El nuevo gobierno inicia su singladura en medio de una notable inhibición social respecto de la cosa pública y una clara presión desde el poder mediático para desconflictivizar la relación Cataluña-España a base de contraponer los problemas socioeconómicos a las reivindicaciones nacionales, pretendidamente ya resueltas. El gobierno presidido por José Montilla se presenta como garante del orden, la estabilidad y la buena gestión en una clara voluntad de desmarcarse de la trayectoria irregular del anterior tripartito presidido por Maragall. El problema es que para hacer patriotismo social y políticas de bienestar se precisa disponer de recursos económicos para ello y este estatuto no los garantiza. Prueba de ello es que la nueva ley de la dependencia, uno de los proyectos estrella de Zapatero, invade competencias de la Generalitat según ha dictaminado el Consell Consultiu, y a pesar de ello no va a ser recurrida por el Gobierno catalán ante el Tribunal Constitucional con el argumento de que no puede prescindir de los recursos estatales que se derivaran de la aplicación de esta ley, ya que no dispone de propios.

La Generalitat también se verá obligada a recurrir el decreto del Gobierno central, que amplía la tercera hora de español en la enseñanza, dictado para amortiguar las denuncias contra el modelo catalán de inmersión lingüística de los sectores políticos y mediáticos que se oponen a la misma. Estas y otras actuaciones del ejecutivo de Zapatero, (como el recurso de inconstitucionalidad contra la pionera ley del «Consell Audiovisual de Catalunya»), muestran una explícita voluntad de recuperar competencias a favor del Estado, acotando cada vez más estrictamente el ámbito de decisión de la Generalitat al común del resto de comunidades autónomas. Demuestran, además, una escasa complicidad del Gobierno central hacía el gobierno de «Entesa» al que se trata sin ninguna consideración para con la especificidad nacional que representa. Al contrario, se reafirma el imperio del orden estatal a través de actos cargados de contenido simbólico como la ampliación del perímetro del cuartel del Bruc (en plena ciudad de Barcelona aduciendo su carácter de plaza estratégica), o condicionando la cesión del castillo de Montjuic al Ayuntamiento a la presencia de la bandera española en lugar preeminente.

El Gobierno de «Entesa» parece haber nacido a contrapié. Concebido para gestionar pacíficamente un período de desarrollo estatutario de cuatro a ocho años sin plantear nuevas reivindicaciones (para poder cohesionar social y nacionalmente una población con amplias franjas ajenas al sentimiento de identidad catalana), se encuentra confrontado y sin capacidad de respuesta ante un sistema legal y político estatal que presenta claros signos de involución. La España plural del PSOE es incapaz de concretar el reconocimiento de la diversidad mientras emerge un nacionalismo español excluyente de cualquier propuesta de convivencia plurinacional. En este contexto, los presagios sobre cuál va a ser el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso promovido por el PP contra el Estatuto, visto el episodio de la recusación a Pérez-Tremps, no pueden ser más sombríos.

Esta percepción de retroceso democrático y devaluación de la autonomía se produce en un momento de debilidad de los proyectos políticos autóctonos: PSC y ICV no van más allá del orden estatal y autonómico vigente, ERC carece de discurso estratégico más allá de la gobernabilidad y la apelación a los objetivos finales, mientras que CIU se debate entre devenir la casa común del nacionalismo o entrar en el Gobierno estatal a cualquier precio, (sea con el PSOE o con el PP). La eventual amputación del Estatuto por el Tribunal Constitucional supondría un punto y final a la autonomía en el sentido originariamente pactado en 1979 y supondría la deslegitimación de la voluntad del pueblo catalán expresada en el referéndum del 18-J. Carod-Rovira ha dicho que en este caso no quedaría otra opción que iniciar la vía soberanista. Ello supondría plantear un conflicto jurídico y político ante el Estado español en términos similares al plan Ibarretxe o al modelo quebequés que tendría como elemento nuclear el derecho a decidir qué poder político quiere tener el pueblo catalán. Un planteamiento de estas características requiere un trabajo de años de preparación para alcanzar un consenso social mayoritario y la complicidad entre diversas fuerzas políticas. Existen motivos suficientes ya en la actualidad para configurar un núcleo impulsor de este proyecto sin necesidad de esperar el sentido del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.