Hagan lo que hagan, Botnia y Finlandia son saqueadores y terroristas ambientales», se puede leer en los afiches pegados en las paredes de la cosmopolita Buenos Aires. «Exigimos una ruptura con Finlandia ya» y «La Haya: digan lo que digan, uruguayos y argentinos siempre seremos hermanos», son algunas de las consignas con las que la bella capital del sur fue empapelada, pacientemente pese al sofocante calor y la amenaza de lluvia, por los integrantes de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú y una docena de agrupaciones que conforman el espacio Asambleas del Pueblo.

El conflicto entre Argentina y Uruguay, generado por la puesta en marcha de la fábrica de pasta de celulosa para producir papel, que la empresa finlandesa Botnia levanta en la costa oriental del limítrofe río Uruguay, ha cumplido su primer aniversario.

Fue un 6 de enero cuando se realizó el primer corte de la ruta internacional 135 que une la argentina ciudad de Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos. Pero la discrepancia se remonta a 2002, cuando se conoció un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el proyecto para instalar plantas de celulosa en Uruguay y se intensificó a principios del 2006, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner denunció la vulneración del Estatuto del Río Uruguay.

Actualmente, las manifestaciones que se iniciaron en la provincia de Entre Ríos para denunciar el negativo impacto ambiental que producirá la pastera, se han trasladado a la capital del país con la intención de globalizar el conflicto.

«Buenos Aires tomó la posta de Gualeguaychú, el tema se está nacionalizando», manifestó Daniel Pérez Molemberg, tesorero de la Asamblea. Es que tras meses de cortes de rutas, el nuevo objetivo de los manifestantes es la embajada de Finlandia, ubicada en el quinto piso de un edificio en el centro de la ciudad y que resume la larga historia común de ambos países. En 1929 se abrieron las puertas de la representación diplomática finlandesa en Buenos Aires, la primera para América latina.

«Genocidio en el Río Uruguay »

«Denunciamos a Finlandia como socio partícipe necesario del genocidio que se va a cometer en la región de la cuenca del río Uruguay», afirmó el asambleísta Pérez Molemberg. Después de la primera protesta con representación teatral incluida, la Asamblea Ambientalista decidió la instalación de una casilla de vigilia frente la misión diplomática, pues acusan al Gobierno de Finlandia de participar en el proyecto de Botnia. «La ministra de Comercio Exterior, Paula Lehtomaki, admitió el 26 de abril del año pasado que su país es socio de Kemira, una fábrica de insumos químicos para la planta», recordó a GARA Rubén Saboulard, de la Asamblea de San Telmo.

Las críticas apuntan al comunicado del Gobierno de Finlandia, que dijo no aceptar que «el Estado interfiera en un proyecto de una empresa privada que cumple con los requerimientos y estándares del país que recibe la inversión».

El texto, en tono diplomático, sostiene que las autoridades finlandesas aconsejaron a Botnia «continuar distribuyendo toda la información necesaria sobre el impacto medioambiental». En otro de sus nueve párrafos, el comunicado resalta que, «por varios años consecutivos», Finlandia lidera a nivel mundial el cuidado del medio ambiente y, al mismo tiempo, «mantiene 19 plantas de celulosa al lado de ríos, lagos y del mar». Además, remarca que la Embajada finlandesa en Buenos Aires «siempre ha recibido una delegación de los manifestantes cuando se lo han pedido».

«Finlandia puede cargar con mártires, eso lo tienen que tener muy en cuenta. Queremos que esto se solucione de forma pacífica, pero las cosas se pueden ir de las manos. No queremos llegar al enfrentamiento, estamos evitándolo. Pero escuchen ahora, abran los ojos ahora», advirtió Pérez Molemberg.

«Si Botnia nace, Gualeguaychú muere»

Arroyo Verde es el epicentro de la manifestación que ya ha cumplido tres meses ininterrumpidos, es también la ruta 136 que une a las hermanas Gualeguaychú y Fray Bentos, y testigo de las noches de calor y los días de ansiedad que, entre mate y mate, acompañan a los ambientalistas.

El reinicio de los bloqueos se remonta al 14 de diciembre, cuando 300 vecinos e integrantes de la Asamblea decidieron sin recursos, pero con una voluntad inquebrantable, defender el río Uruguay.

«Jamás nos escucharon hasta que nos plantamos en la ruta», subrayan. Una voluntad que se renovó tras el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que declinó expedirse sobre los perjuicios económicos denunciados por Uruguay a raíz de los piquetes. «Si mandan a la Policía o a la Gendarmería, veremos», señaló José Pouler, coordinador de la Asamblea de Gualeguaychú. Deja claro que la «única moneda de cambio» para dejar la ruta es que la empresa finlandesa Botnia se retire de Fray Bentos. «Vamos a pelear con más ganas y estar aún más firmes. Seguiremos luchando contra las pasteras», incide Pouler mientras se inicia la construcción de un refugio permanente.

Mientras tanto, los cortes programados sobre la ruta 135 que conduce al puente Gervasio Artigas proseguirán. Los asambleístas de Colón siguen en contacto con los de Gualeguaychú para «ver cómo continuamos con nuestras acciones». También será imposible cruzar por el puente que une Concordia con Salto y por el General José Gervasio Artigas, que vincula a Colón con Paysandú, donde hay cortes transitorios desde el mes pasado.

De este modo, en el auge del verano austral, la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú ha logrado distorsionar el tránsito de ida y vuelta hacia Uruguay de turistas argentinos y de miles de inmigrantes uruguayos, causando un perjuicio económico que Montevideo cifró en la temporada pasada, ante protestas similares, en unos 500 millones de dólares.

Un nudo para Mercosur

Aunque Gualeguaychú no dejó de ser la ciudad del famoso «Carnaval del país», se convirtió en primera página de los diarios nacionales por un conflicto que, evidente- mente, ha superado la capacidad de diálogo de los gobiernos argentino y uruguayo. El conflicto entra en una etapa de deterioro en la relación con los uruguayos que va in crecendo y se inicia a partir de la falta de capacidad de los mandatarios de ambos países para iniciar un diálogo y cierta puja por el liderazgo regional.

El conflicto por las pasteras es un nudo para Mercosur. En reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) celebrada en Río de Janeiro se registró un agrio cruce de palabras entre los cancilleres de ambos países. Paraguay y Brasil jugaron en favor de sus mejores amigos. Mientras el canciller brasileño Celso Amorim intervino para frenar la discusión de sus colegas, lo que se interpretó como un nuevo respaldo a la posición argentina de bilateralizar el diferendo, el jefe de la diplomacia paraguaya, Rubén Ramírez, pidió la libre circulación por los caminos de Mercosur. Después de haber sido acusado por Uruguay de falta de liderazgo, Brasil acaba de pasar la Presidencia Pro Témpore a Paraguay, lo que indica que si el conflicto no se resuelve inmediatamente, Uruguay ganará espacio en las sesiones del bloque para regionalizar el conflicto.

Un día después de que se informara de que en breve se abriría el «diálogo directo» entre ambos países, los asambleístas argentinos cortaron el río Uruguay, conformando un «piquete acuático». 21 barriles blancos se extendieron sobre el canal de navegación impidiendo el paso de cualquier barco mercante. Los uruguayos han ratificado su decisión de no hablar de negociación mientras continuen los cortes y los ambientalistas han decidido protestar contra la pastera finlandesa extendiendo su lucha hacia el río, como lo hicieran en otra oportunidad los argentinos, el 20 de noviembre de 1845 en la batalla de la Vuelta de Obligado, cuando se instalaron cadenas bajo las aguas del río Paraná para tratar de repeler el ataque naval de ingleses y franceses.