Junto con Grecia e Irlanda, Portugal se situaba hasta ahora en los puestos de cola en cuanto al reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres. Es dentro de esos derechos donde se encuadra la libre decisión de una mujer de interrumpir un embarazo. Ese derecho no se ha visto reconocido de modo suficiente como para garantizar que las mujeres portuguesas no se vean detenidas, juzgadas y condenadas a penas de hasta tres años de cárcel. Por ello la despenalización en Portugal es importante, primero para ese país, pero también para consolidar los derechos reproductivos en el marco de la Unión Europea.

Desde el anterior referéndum de 1998 -en que ganó el «no» pero con una abstención que al igual que ahora no hizo vinculante la consulta- y hasta 2004 han sido registrados por la Policía de Portugal 223 «crímenes de aborto». En el mismo periodo hubo 34 juicios, con 43 personas absueltas y 18 condenadas. Cierto es que en las cárceles del país no hay mujeres detenidas por este motivo, pero ello es debido a que los jueces han determinado interrumpir condenas o sustituirla por multas.

De ahí que deba saludarse que una mayoría de electores dijera «sí» a que la mujer decida en las diez primeras semanas de embarazo. Hubiera sido de desear una alta participación. No ha sido así, y la abstención impuso otra vez su ley. Habrá que analizar los factores que han contribuido a esa apatía, y en ese análisis no cabe despreciar la influencia de los sectores más conservadores. Un mero repaso a algunos editoriales de prensa y a algunas páginas de internet de organizaciones religiosas sirve para deducir que la Iglesia católica ha utilizado esta consulta para tratar de preservar su gran influencia social y política.

Aunque la derecha arremeterá contra el Gobierno, es de desear que el primer ministro José Sócrates cumpla su palabra. Hubo mayoría de «síes» en el referéndum, luego debe promover la despenalización vía Parlamento. Ese paso necesario debería completarse con otro acto de justicia: es hora de enterrar todos los expedientes judiciales abiertos contra mujeres portuguesas por ejercer un derecho que ahora por fin y, pese a todos los obstáculos y limitaciones, se reconocerá por ley.