Juan Antonio Cortes De Luis| En nombre de Torturaren Aurkako Taldea

El 13 de febrero de 1981 el militante de ETA Joseba Arregi era torturado hasta la muerte en las dependencias de Dirección General de Seguridad en Madrid. Su muerte dejó al descubierto el horror y el espanto que se escondía tras la legalidad de un Estado que pretendía convencer al mundo de que, acabado el franquismo, sus gobernantes respetaban los principios democráticos y los derechos humanos. Hoy, veintiséis años después, en el Estado español la tortura continúa siendo una práctica habitual en cualquier dependencia policial. Un método de interrogatorio consentido por los estamentos judiciales y avalado por el silencio de políticos que, con una doble moral, miran para otro lado cuando el oscuro eco de la tortura los pone en evidencia.

Las numerosas denuncias por torturas, interpuestas por los cientos de detenidos políticos vascos que han pasado por los cuarteles de la Guardia Civil o de la Ertzaintza bastan para demostrar fielmente que la tortura es una práctica constante en las comisarías del Estado español. Pero no lo afirman únicamente los torturados. El Relator de la ONU y organizaciones, tan poco sospechosas de defender la causa independentista vasca como Amnistía Internacional, en sus informes anuales han constatado repetidamente la práctica de la tortura por parte de las diferentes policías españolas, avalando las denuncias de los detenidos vascos. Ante la evidencia y las pruebas irrefutables aparecidas públicamente, el Parlamento Vasco se ha visto obligado a suscribir una resolución de cuatro puntos en los que admite, denuncia y rechaza la utilización de la tortura en los interrogatorios policiales.

Sin embargo, desde esta plataforma tenemos la convicción de que los «gestos» no sirven y es hora de que se tomen las decisiones necesarias para acometer una reforma legislativa y judicial que garantice todos los derechos de los detenidos y de los presos políticos vascos. Esta reforma deberá incluir los siguientes puntos:

1- La derogación de la Ley Antiterrorista que permite la incomunicación de los detenidos.

2- La desaparición de la Audiencia Nacional en tanto que posibilita y silencia la práctica de la tortura, prescindiendo de las garantías procesales, especialmente cuando se dan por válidas declaraciones realizadas bajo tortura e incomunicación de los detenidos.

Y, por último, exigir a la Audiencia Nacional el archivo de todos los procedimientos judiciales donde se haya aplicado la tortura y la incomunicación.

Así mismo, queremos añadir que, en un aniversario tan desgraciado en la historia de Euskal Herria como es el asesinato de Joseba Arregi, no se debe olvidar la trágica situación en la que se encuentra el militante de ETA Iñaki De Juana Chaos, en huelga de hambre desde hace 99 días. De Juana, encausado en un proceso de opinión política que dinamita todos los principios democráticos de un auténtico Estado de derecho, defendiendo su derecho a opinar, ha sido condenado a una tortura lenta y cruel, ejecutada desde despachos judiciales, que, tristemente, le puede llevar a una muerte irremediable. La fotografía aparecida en «The Times» muestra hasta dónde es capaz de llegar la violencia de un Estado y de un sistema judicial que utiliza su poder para aplicar la venganza política y la pena de muerte a sus adversarios políticos.