El naufragio del petrolero Erika frente a Bretaña, que en 1999 ocasionó una mancha de contaminación en el Atlántico que se extendió a lo largo de 400 kilómetros por el litoral, ocupa desde ayer al Tribunal Correccional de París, que enjuicia la responsabilidad de una quincena de personas, físicas como jurídicas.

El hundimiento del barco el 13 de diciembre de 1999 a unos treinta kilómetros de la costa bretona provocó la mayor catástrofe medioambiental del Atlántico europeo, al salir a la superficio las 19.000 toneladas de fuel que transportaba.

El daño a la flora y la fauna fue enorme, al afectar a 150.000 aves, y la pesca y el turismo sufrieron unas pérdidas estimadas en unos mil millones de euros en las zonas contaminadas.

En el juicio, que se prolongará durante unos cuatro meses, participarán ochenta abogados y setenta partes civiles que representan a entidades locales, asociaciones de vecinos y grupos ecologistas.

«Contaminación marítima», «puesta en peligro de la vida ajena» y «abstención voluntaria de combatir un siniestro» son los cargos a los que enfrentan, entre otros, la compañía petrolera francesa Total, que alquiló el barco y era propietaria de la carga; el capital Karun Mathur, que vive en la India y no tiene previsto acudir al juicio, ya que sobre él pesa una orden de detención; tres oficiales de la Armada francesa, a quienes se acusa de no haber evaluado bien la amplitud del desastre; el armador del navío, el italiano Giusseppe Savarese, y la entidad italiana que controla el estado de los barcos, la RINA, entre otros.

Los ecologistas esperan que la vista sirva para evaluar la normativa en vigor en materia de desastres medioambientales y las medidas de prevención para evitar casos similares y que una hipotética sentencia condenatoria ayude a crear una jurisprudencia con la que proteger más el medio ambiente.

Gran parte de las miradas se dirigen a Total, que hace años ya realizó pagos millonarios, pero que minimiza su culpa por entender que quien fleta un barco no es responsable de su estado. Y es que el Erika, con veinticinco años de servicio, tenía defectos de estructura, según un informe oficial publicado en 200o por la Administración francesa.

El escrito de acusación indica que Total, «en contacto con el capitán, tenía conocimiento desde el 11 de diciembre de las averías del barco, incluidas fugas (...) que hacían temer una contaminación», pero «no tomó ninguna medida para combatir o limitar los efectos».