El Parlamento Europeo aprobó ayer con 382 votos a favor, 256 en contra y 74 abstenciones una versión suavizada del informe sobre las actividades ilegales de la CIA en territorio europeo, en el que se acusa a los estados miembros de «cerrar los ojos» frente a los vuelos operados por la agencia estadounidense y se les pide que sigan investigando y proporcionando información sobre esos hechos.

El documento final atenúa considerablemente las críticas a los ejecutivos, especialmente a Alemania, y elimina las referencia a posibles sanciones a los países que hayan sido cómplices de las acciones irregulares llevadas a cabo por la Administración de EEUU .

El informe aprobado denuncia los abusos de la CIA en la «lucha antiterrorista» y considera «inverosímil» que ciertos gobiernos europeos no estuvieses al tanto de lo que ocurría. Confirma y condena que EEUU haya empleado «sistemáticamente» un programa de «entregas extraordinarias» -detención extrajudicial y encarcelamiento de sospechosos de terrorismo en terceros países- tras el 11 de setiembre de 2001.

1.245 vuelos

El documento recoge que entre esa fecha y finales de 2005, «al menos 1.245 vuelos» operados por la CIA hicieron escala en aeropuertos europeos, si bien no todos estaban implicados en detenciones extrajudiciales.

Menciona una decena de casos que afectaron a 21 ciudadanos o residentes en la UE y achaca el conocimiento o conni- vencia con alguno de ellos a las autoridades de Italia, Gran Bretaña, Suecia, Austria y, fuera de la UE, Macedonia y Bosnia-Herzegovina.

El texto original también afirmaba que las autoridades alemanas tuvieron «al menos conocimiento» del secuestro del alemán Jaled El Masri y no accedieron a liberar al turco detenido en Guantánamo, Murat Kurnaz, cuando se demostró su inocencia, lo que había avivado la controversia que pesa sobre la actuación del actual ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Stenmeier. También se reprochaba a las autoridades de Polonia y Rumanía por su falta de colaboración. Ambas cuestiones fueron eliminadas del documento final, que, sin embargo, mantiene que la posible existencia de prisiones secretas en territorio rumano y polaco no puede afirmarse «ni excluirse».

El texto recoge, sin ser exhaustivo, 336 escalas de vuelos sospechosos en Alemania, 170 en Gran bretaña, 147 en irlanda, 91 en Portugal, 68 en el Estado español, 64 en Grecia, 57 en Chipre y 46 en Italia.

En informe mantiene sus críticas a Javier Solana, Alto Representante para la Polícia Exterior y de Seguridad Común, por las «omisiones» durante su comparecencia, así como a Gijs de Vries, coordinador de la «lucha antiterrorista», al que se acusa de no dar «respuestas satisfactorias» y cuyo cargo cuestiona.

Con estos elementos, el Parlamento Europeo pidió al Consejo de la Unión Europea que «presione a todos los gobiernos afectados» para que proporcionen la información de que dispongan y que, si procede, la propia institución comunitaria abra investigaciones al respecto, si procede. También reclama que en los estados de la UE que no lo hayan hecho ya, se emprendan «investigaciones gubernamentales, parlamentaria y/o judiciales» al respecto.

«Tantos políticos»

El ministro irlandés de Exteriores, Dermont Ahern, aseguró que el Comité de la Eurocámara que ha investigado los vuelos secretos de la CIA está más interesado en «apuntarse tantos políticos» que en atajar esas irregularidades y criticó que no atendiera a su propuesta de reviar la regulación de la aviación civil y del sistema de clasificación de vuelos.