La plataforma 18/98+ ha hecho un nuevo llamamiento a la ciudadanía a manifestarse en defensa de los derechos civiles y políticos. «Teníamos razón cuando alertábamos de la falta de garantías de estos procesos judiciales y cuando decíamos que está en juego algo más que los derechos de los inculpados; están en juego los derechos de todos», manifestó en nombre de ese grupo de trabajo Mariano Ferrer, quien fue el encargado de anunciar la movilización a celebrar el 10 de marzo en Bilbo, a las 17.00. «La plataforma considera necesario que también en este momento se aúnen fuerzas en defensa de los derechos civiles y políticos. Y con ese ánimo hacemos esta convocatoria», argumentó.

El periodista se refirió concretamente al «caso Jarrai-Haika-Segi» y al reciente fallo del Tribunal Supremo que ha llevado a prisión a 22 jóvenes abertzales: «Hace un año ofrecimos una rueda de prensa para valorar la sentencia de la Audiencia Nacional respecto este caso, en la que expresamos nuestra satisfacción porque se había evitado lo peor. Incluso, parecía cuestionar la famosa tesis del juez Garzón de `todo es ETA' en relación a la izquierda abertzale activa e independentista. Incluso creímos que en la Audiencia Nacional existía cierta vergüenza jurídica. Pero también expresamos nuestra preocupación porque se trataba de una sentencia de no mucha calidad y que podría ser revisada en el Supremo. Es lo que finalmente ha ocurrido».

De hecho, la comparecencia de Donostia, en la que también participaron otros miembros de la plataforma -Agustín Rodríguez, Teresa Toda y Roberto López Etxezarreta-, juristas internacionales -August Gil Mata- mala y William Sloan-, representantes de Eskubideak -Julen Arzuaga y Andoni Hernández-, integrantes de Elkarbide -Ramón Zallo, Jon Gurutz Olaskoaga y Luis Bandrés- , el procesado por el «caso Egunkaria» Mar- txelo Otamendi y el abogado Iñigo Iruin, sirvió para realizar una valoración jurídica del fallo del Alto Tribunal español, que corrió a cargo de este último. «Es un paso más en la redefinición del concepto de organización terrorista. Y se hace restando relevancia a los elementos clásicos para imponer condenas por ese delito: la existencia de una banda armada y el elemento intencional de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública», señaló.

Apuntó que la pretensión última consiste en «posibilitar la interpretación expansiva de ese delito; que alcance a cada vez más ciudadanos, que pueda ser aplicado a grupos específicos de población, cada vez más amplios, ni necesaria ni preferentemente conectados con una actividad terrorista».

Derecho Penal «sin límites»

Tras recordar que ninguno de los 23 condenados por la causa contra los organismos juveniles fue acusado como autor o partícipe en actos de kale borroka, hizo referencia a la «parquedad» de una sentencia que, pese a tener 200 folios, «sólo dedica uno y medio al caso». El letrado alertó de que esta resolución permite que los acusados sean condenados sin que hayan cometido «acción violenta alguna» y mostró su preocupación porque supone un precedente para el resto de marcroprocesos, como el del sumario 18/98.

Explicó que, al establecer la condena, el Tribunal Supremo hace uso, en primer lugar, de un «concepto sociológico y político de terrorismo en vez de uno penal, lo que acarrea esa interpretación expansiva cuando hace 20 años, el propio Supremo, estableció que la interpretación debía ser muy restrictiva; en segundo lugar, rechaza la identificación entre organización terrorista y banda armada, lo que hace que el hecho armado se relativice; en tercer término, pone el acento en el elemento finalístico o intencional del terrorismo, por lo que todo gira sobre un elemento subjetivo; y por último, alude al concepto de complementariedad para salvar el escollo de la falta de ideoneidad e igualdad de nivel entre atentados como los de ETA y actos de kale borroka».

«Con esos cuatro elementos -prosiguió-, se llega a esa sentencia que es un ejemplo más de la fuerza expansiva de toda legislación excepcional y se contribuye a crear un Derecho Penal sin límites que está dando cuerpo a esa tesis de identificación sociológica que nada tiene que ver con el Derecho Penal». Añadió que el Supremo ha dado «respaldo y certeza jurídica a lo que no era sino un criterio o pauta política del Gobierno de José María Aznar, ése de que todo es ETA».

Iruin, uno de los abogados que asisten a los 59 procesados en el juicio por el sumario 18/98, destacó que la sentencia que declara «terrorista» a Segi puede afectar a otros procesos en curso, como el citado. «De hecho, el fiscal Enrique Molina ya la ha hecho suya: ha imputado terrorismo a KAS, Ekin y Xaki. En su alegato del lunes, dijo que es suficiente la intencionalidad, que no es necesaria la existencia de acción violenta alguna», recordó.

«Preocupante» primera piedra

Insistió en que «la parquedad» del fallo del Alto Tribunal puede posibilitar una condena en el 18/98 con esa tesis, porque no deja «absolutamente definido si en el caso de Jarrai, Haika y Segi el factor determinante para la consideración de organización terrorista es la práctica de la kale borroka o, como sostiene el fiscal Molina, la vinculación y complementariedad política y orgánica con ETA». No obstante, mostró su esperanza de que la Audiencia Nacional «no confirme esta pretensión y no dé ese paso de más».

Respecto a esa posible afectación en otras causas, el letrado resaltó la «gran importancia» de la composición misma del tribunal, «tal como se ha comprobado en el caso de los jóvenes. Aquella resolución salió por tres votos a dos. Eso demuestra que también existe debate en el seno del Tribunal Supremo respecto a la cuestión». No obstante, reconoció que «la primera piedra que han puesto en el camino es preocupante; la perspectiva de lo que se avecina es bastante negra».