La Comisión para la Defensa del Aborto en Nafarroa compareció ayer con motivo del 22 aniversario de la aprobación de la despenalización del aborto para ciertos supuestos con un doble objetivo: por un lado, recordar que desde entonces no se ha modificado en nada la legislación de las interrupciones voluntarias del embarazo, y por otro reflejar que la ya de por sí restringida ley en Nafarroa ni siquiera se cumple, ya que el Gobierno alude a «la objeción de conciencia» del personal sanitario. Por ello, las mujeres del herrialde que deciden abortar tienen que desplazarse a otras comunidades autónomas.

La imposibilidad de abortar en Nafarroa, tanto en el sistema público como en el privado, es conocida, pero la comisión presentó un informe con datos oficiales contundentes. Proceden del Ministerio de Sanidad y corresponden al año 2005. Nada menos que 639 mujeres tuvieron que abortar fuera de Nafarroa, lo que produce una media de casi dos casos al día. Y se constata además el alto porcentaje de mujeres jóvenes y también de extranjeras, así como que desde el año 1990 se han duplicado los casos de aborto en estos grupos de población.

Según los datos aportados en la comparecencia de ayer, de estas 639 mujeres 425 eran trabajadoras a sueldo, 74 estudiantes y 72 paradas. Más de la mitad (349) no utilizaban Centro de Planificación Familiar alguno; del resto, 259 habían acudido a un centro público y las 28 restantes a uno privado.

En cuanto a la edad, la séptima parte (93 mujeres) tenían menos de 19 años (seis de ellas ni siquiera llegaban a los quince). Otras 146 se encuadran en el grupo de 20 a 24, y 153 más entre los 25 y los 29 años. A partir de ahí, el volumen de abortos va descendiendo. Por encima de los 40 años hubo 32 abortos.

La ley de 1985 en la raíz

En 1985 se aprobó una ley que despenalizaba el aborto en tres supuestos. Esa norma, que no ha sido modificada desde entonces, sigue dictando que el aborto es un delito. La Comisión resalta que sólo es despenalizado como cualquier otro delito, estos es, con motivo de defensa propia, de evitación de un mal mayor o por estado de necesidad, ya que los tres supuestos no punibles se refieren a casos de violación, de problemas en el feto o del estado de salud de la mujer. Critica antes que nada que lo que se debe considerar un derecho de la mujer de hacer con su cuerpo y consigo misma lo que quiera sea castigado por la ley, con todo lo que conlleva.

Elena Lakabe y Oihana López explicaron que «al ser delito, está a merced de que cualquiera denuncie su práctica, y conocemos casos en los que ex-maridos o ex-amantes han denunciado a las mujeres que desea- ban abortar». Las denuncias también provienen de grupos contrarios al aborto «para presionar y coaccionar al personal sanitario». Esto fue especialmente reseñable en Nafarroa cuando se aprobó la ley de 1985.

En cuanto a los supuestos despenalizados, criticaron que «el procedimiento arbitrado para la práctica de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un laberinto jurídico-médico, lleno de trampas, que pone en el centro de la sospecha a la mujer y al personal sanitario». Explicaron que para poder entrar dentro de la ley, se alude a «la salud psíquica materna». Denunciaron que se trata de una forma de «tranquilizar la conciencia» y alertaron de la «hipocresía» que conlleva no enfrentarse al problema de fondo.

Y es que los casos de embarazos no deseados van aumentando. La Comisión plantea por qué, y por qué sobre todo en sectores concretos como jóvenes e inmigrantes.

«¿Qué ha fallado?»

Al respecto, Lakabe y López indicaron que «a pesar de una teórica mayor accesibilidad a la información, el factor más im- portante es que la información no es adecuada y resulta insuficiente para la toma de decisiones responsables». Otro factor importante es «la dificultad de acceder a los métodos de prevención, especialmente a la contracepción de emergencia, basado en la píldora postcoidal», según indicaron. De la falta de información derivan, según la comisión, otros factores decisivos a la hora de tener embarazos no deseados: «Habilidades en la negociación en el uso del preservativo y/o para negarse a una relación desprotegida, posibles relaciones coaccionadas (mediante métodos sutiles de dominación), la falta de valoración de los riesgos de prácticas desprotegidas o priorizar el deseo de ser madre sobre la libertad personal».

Por todo ello, exigieron que se tomen medidas como la oferta de centros dedicados a la atención de la mujer. Al hilo de ello, recordaron que los anteriores centros COFES han perdido funciones y prestaciones. También reclaman que «se pongan en marcha medidas educativas y preventivas para cubrir las necesidades y demandas actuales».

En concreto, inciden en la necesidad de una educación sexual en todos los ámbitos, al ser la clave de «procesos tan importantes como la construcción de la identidad, los roles del hombre y la mujer, la familia, funciones de placer y de reproducción...». Por otro lado, instan a mejorar la accesibilidad tanto a los métodos conceptivos como a la píldora postcoidal, así como a la gratuidad de los mismos. En el caso de la píldora, recordaron que «su demanda debe ser atendida como lo que es: una emergencia». Y también solicitan la «atención inmediata» para las consultas, «sin cita previa y sin lista de espera, incluyendo la posibilidad de la consulta telefónica».

La Comisión

La Comisión para la Defensa del Aborto es una coordinadora que sitúa su lucha dentro del movimiento histórico feminista, «el que ha reivindicado el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, entre ellos el aborto». Hace un año, en el aniversario de la ley de 1985, la Coordinadora Feminista a nivel estatal empezó a movilizarse para reivindicar ese derecho, y en Nafarroa el movimiento feminista, junto a colectivos juveniles y asambleas, consideró que la situación era más grave en el herrialde.

Con ese motivo, crearon la comisión y elaboraron un informe para dar a conocer la situación y reivindicar «el derecho al aborto libre, gratuito y realizado dentro del Servicio Navarro de Salud». A su juicio, queda claro que «el Gobierno incumple la ley utilizando como excusa la objeción de conciencia del personal sanitario».