El derecho a decidir de la ciudadanía navarra es invocado desde posiciones ideológicas diferentes, lo que no implica que sectores antagonistas hablen de la misma cosa. En el último cuarto de siglo, los ciudadanos navarros han vivido en un marco político que no ratificaron en las urnas. Han ejercido, eso sí, su derecho a elegir a sus representantes cada cuatro años, y eso para la clase dirigente del herrialde equivale a un acto de decisión permanente.

El argumento, por descontado, no soporta la más mínima comprobación científica, ya que equivale a afirmar que porque en el franquismo se celebraban referéndums y se votaban los representantes en ciertos ámbitos institucionales aquella dictadura tenía tintes democráticos. El modelo que rige hoy en Nafarroa se asemeja más bien a una democracia orgánica, ya que su sustento básico es un pacto entre élites políticas al amparo de la coerción ejercida con la fuerza del Estado sobre amplios sectores de la ciudadanía.

Lograr una situación de democracia es fundamental para el desarrollo de la sociedad navarra y no sólo, aunque también, para la resolución del conflicto político. Recobrar la capacidad de decidir es una necesidad para los ciudadanos y ciudadanas de un herrialde en el que la ideología imperante no garantiza el libre ejercicio de derechos básicos, llegando al extremo de vulnerar expresamente una ley. ¿Cómo es posible que una administración dependiente del Estado no aplique una ley sistemáticamente y que ese Estado no actúe a fin de garantizar la igualdad ante la ley que proclama en su Constitución española? La judicialización de la política tan en boga en estos días no rige para Nafarroa.

La ley en vigor -tan lejana de garantizar el aborto libre- no se aplica en los hospitales que se pagan con los impuestos de todos los navarros. Sólo en 2005, 639 mujeres del herrialde debieron exiliarse para abortar, y el problema va en aumento. Por ello es urgente acabar con esta dictadura inmoral y abrir un tiempo democrático en el que las mujeres puedan decidir.