En una sesión dedicada a exponer las irregularidades procesales y la vulneración de derechos fundamentales que han caracterizado este proceso desde su inicio, los abogados de la defensa denunciaron también el «impulso político y policial» que está en el origen de este macrosumario. «Este proceso judicial sólo se entiende desde el análisis y el recuerdo de lo que fue la `política antiterrorista' del Gobierno de José Maria Aznar, aquella que mantenía que toda la izquierda abertzale, incluso todo lo abertzale, constituía `el entorno de ETA', y que, por lo tanto, había que combatirlo», enunció José Mari Elosua, el primero en tomar la palabra.

Jone Goirizelaia, que le sucedió en la labor de exponer a la Sala el informe final de la defensa, subrayó a su vez que «los acusados no están aquí porque hayan cometido un delito, sino porque han desarrollado un determinado trabajo político, periodístico, social y empresarial». Una convicción que, como explicó, no sólo comparten los procesados y sus defensas, sino también la mayoría de la sociedad vasca y muchos agentes políticos, sociales, sindicales e institucionales de este país.

A este respecto, Goirizelaia subrayó que todos los encausados han desarrollado sus actividades de forma pública y abierta, y valoró que la acusación «ha tratado de negar la evidencia. Lo que aquí se pretende es que unas ideas que abogan por conformar un país independiente en Europa sean juzgadas y condenadas». «Les piden -expuso al tribunal- que condenen a unas personas por su pertenencia ideológica a un sector social de Euskal Herria».

«Dos palabras clave»

Y es que, como Elosua mencionó en su intervención inicial, «hay dos términos que reflejan la esencia de este juicio: política e izquierda abertzale». «Dos palabras clave» para la defensa, a pesar de que «la presidenta ha tratado de impedir que salgan en este juicio».

Recordó, en este sentido, que Angela Murillo ha tratado de censurar las intervenciones de los procesados, argumentando que «en esta sala no estamos para hablar de política, sino para juzgar unos hechos delictivos», o que «aquí no se juzga a la izquierda abertzale». «La realidad ha demostrado, sin embargo, que la política es inseparable de este juicio y de los hechos que se imputa a los acusados», concluyó el letrado.

Agregó que «no se están juzgando actos terroristas ni a organizaciones terroristas, se están juzgando unas actividades sociales y políticas».

Dicho esto, Elosua se dirigió a los jueces que componen la Sala y les pidió que «lleven a cabo su tarea al margen de intereses y presiones políticas» porque, como apostilló, «la Justicia no es ajena a la política». Sobre este particular, recordó que «la denuncia de que la Justicia está politizada está a la orden del día», no sólo en Euskal Herria, sino también en el Estado español, y enunció los pronunciamientos que desde el propio Gobierno español, la oposición y miembros de la Judicatura se han efectuado sobre este tema. Una politización de la Justicia que «es más acentuada en la llamada lucha antiterrorista».

Tras valorar la raíz política que nutre este juicio, Elosua empezó a enumerar la «vulneración reiterada de derechos fundamentales» que se han producido a consecuencia del mismo, no sólo sobre los acusados, sino también sobre cientos de personas afectadas por la actuación policial y judicial, en forma de indiscriminadas escuchas telefónicas, control de cuentas corrientes y datos económicos, y peticiones de cierre y liquidación de empresas y personas jurídicas que ni siquiera han sido citadas para poder defenderse.

Explicó que «se ha vulnerado el derecho fundamental al juez natural; se ha vulnerado el principio de legalidad, en general, y el principio de legalidad penal, en particular; se ha hecho una interpretación extensiva de los tipos delictivos; se ha vulnerado el principio de que la responsabilidad penal es individual y subjetiva....».

Un listado que no fue sino el principio de su exposición, ya que, como apuntó, estas vulneraciones e irregularidades se han sucedido tanto en la instrucción como en la fase intermedia y en la vista oral.

Elosua también se refirió a la «falta de justificación de las detenciones» que se han producido en este proceso y la «incomunicación sistemática» que han padecido los detenidos. Unas detenciones que, además, se produjeron «con un desproporcionado despliegue policial, a horas intempestivas y con grabaciones de imágenes que fueron emitidas en los informativos pocas horas después».

En definitiva, unos arrestos realizados «de forma contraria a como dicta la ley y buscando el máximo perjuicio a las personas detenidas, a su reputación y a su patrimonio».

Defender «a ciegas»

Elosua criticó también «el uso abusivo de la prisión provisional» y las «fianzas desorbitadas e inaccesibles» impuestas a los encausados para eludir la cárcel.

Siguiendo con su alocución, censuró que a los abogados defensores no se les ha dejado desarrollar su labor, al no poder acceder al contenido del sumario, y se lamentó porque «hemos tenido que ejercer la defensa a ciegas». «Se ha violentado el derecho a igualdad de armas y se ha otorgado un trato preferencial a la Fiscalía», incidió.

Una limitación que, de hecho, les obligó a redactar el escrito de conclusiones provisionales «sin tener conocimiento de la causa, sin tener las piezas de convicción y sin poder acceder a elementos informáticos imprescindibles» para edificar su estrategia de defensa.

En estas condiciones se dio inicio a la vista oral el 21 de noviembre de 2005, y desde el primer momento los letrados pidieron que se diera cuenta del estado de las pruebas y piezas de convicción que estaban a disposición de la Sala. «Se nos contestó que todas las piezas de convicción estaban a disposición de las partes, pero enseguida se comprobó que no era así», recordó, citando que ya en el primer interrogatorio, el de Txente Askasibar, no se hallaron los documentos exculpatorios solicitados por la defensa.

Un capítulo especial dedicó Elosua a las diligencias previas 75/89, que son la base de este sumario y a las que se alude en todo momento. Unos 500 tomos -más de 100.000 folios- que llegaron una vez empezado el juicio, a los que la acusación ha podido acceder libremente durante años, y sobre los que el tribunal apenas dejó unas horas a la defensa para hojearlos.

El letrado evocó lo sucedido a principios de 2006 con estas diligencias, recordando que los Colegios de Abogados de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, así como el Consejo Vasco de la Abogacía tuvo que salir en apoyo de la defensa para que pudiera acceder a ellas. Unas diligiencias que, además, ni siquiera deberían obrar en la causa, porque la Fiscalía no pidió su inclusión en el escrito de conclusiones.

También puso sobre la mesa la desaparición de pruebas documentales, como parte de la contabilidad de «Egin» o el reportaje videográfico sobre el estado del periódico, o la incorporación irregular de otros documentos. Elosua, Goirizelaia y Zigor Reizabal mencionaron también los incidentes de recusación interpuestos contra los magistrados, las dilaciones indebidas que ha sufrido el proceso, la irregularidad con que la acusación ha incorporado su prueba documental o la ilicitud de las escuchas telefónicas.

Toda una sesión, en definitiva, para enumerar las veces que acusadores y jueces se han saltado sus propias reglas.