Una parte de la instrucción del caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo por supuesta prevaricación contra la anterior Corporación de Abanto, entonces gobernada por el PSE, se ha extraviado, por lo que deberá procederse a su reconstrucción, según informaron fuentes jurídicas.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) interpuso el 30 de agosto de 2004 una denuncia por presunta prevaricación contra la anterior Corporación -excepto contra los ex ediles de Euskal Herritarrok-, en base al informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) en el que se detectaron «irregularidades» relacionadas con la cuenta general y la actividad económico-financiera de 2001.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público por los entonces ediles de EH Joxean Lozano y Juan José Zarraga, des- pués de que el TVCP elaborara el estudio de fiscalización y detectara anomalías en actuaciones urbanísticas, la falta de actas de plenos, la renovación irregular de nueve trabajadores temporales y la concesión de subvenciones por valor de 289.000 euros, sin que mediara convocatoria pública alguna.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo decidió llamar a declarar como imputados a 12 ex concejales. Entre ellos se encuentra el ex alcalde, Juan José Mezkorta (PSE) y al actual, Manuel Tejada, que fue portavoz del PNV en el anterior mandato.

La instrucción ha sufrido ya diversos retrasos, primero, porque la juez que investigaba el caso pidió que se le apartara, ya que se iba a citar a declarar al propietario de Construcciones Ibarzaharra, que aparecía de forma reiterada en el sumario, y con el que la magistrada mantenía «una estrecha relación de amistad».

Numerosos retrasos

Posteriormente, se produjo un nuevo aplazamiento en la investigación al producirse el traslado de la juez que practicaba las diligencias. El caso continuó con contratiempos y, tras acordarse citar en calidad de imputados al secretario y al interventor del Consistorio, el Ayuntamiento comunicó al Juzgado que el primero de ellos falleció en enero de 2006.

Para el 14 de noviembre de 2006 se emplazó a comparecer al interventor, pero se suspendió por una huelga. Tras otra suspensión posterior, su declaración se pospuso una vez más tras haberse «extraviado» el último tomo de las actuaciones.

La magistrada ha convocado para el 23 de marzo a las partes con el fin de que aportaran todos los escritos y documentos en su poder sobre la instrucción que fueran posteriores al 17 de noviembre de 2005 con el fin de proceder a la «reconstrucción definitiva» de la parte del sumario que se ha perdido.