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Los trabajadores creen que el riesgo es cada vez más elevado

El estado español suspende en salud laboral. Aunque se reducen de forma tímida los accidentes mortales, los trabajadores manifiestan todavía trabajar con un riesgo elevado, se ocultan datos sobre siniestralidad y el impacto de las enfermedades profesionales, y se desconcone por qué no se actúa sobre las mismas.

El Observatorio de Salud Laboral, con sede en Barcelona, ha presentado un trabajo detallado sobre el estado de la prevención en riesgos laborales en el conjunto del Estado español. Determina que los jóvenes con trabajo temporal y los trabajadores con edades superiores a 55 años son los dos grupos con un riesgo más elevado de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, pero advierte de que los riesgos están aumentando cada año ante la falta de medidas de seguridad y de prevención en las empresas. Cada vez hay más empleados que deben realizar su trabajo diario en condiciones de inseguridad y a ritmos de trabajo más elevados, lo que «induce» al accidente con más facilidad.

En general, el trabajo constata que existe una reducción de los accidentes mortales, aunque no se explica con exactitud si se debe a que las estadísticas oficiales ocultan algunos, como ocurre en Hego Euskal Herria. También explica que el número de accidentes con baja de una duración inferior a un mes «están aumentando» y desvela que «un 20% de las bajas por incapacidad temporal no registran el alta», lo que induce a pensar en la existencia de un fraude en ese proceso de recuperación.

El trabajo ha estado dirigido por Fernando G. Benavides, de la Universitat Pompeu Fabra, y recopila los datos sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y su incidencia. En principio, debe servir para «ayudar a una acción política en esta materia» y, entre las recomendaciones urgentes señala que las políticas de empleo deben estar orientadas a incrementar la seguridad y la calidad del mismo. «Es necesario evaluar dichas políticas en términos de su impacto sobre la salud», precisa.

También exige que el control se produzca sobre las empresas pequeñas y alerta de que «los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, especialmente si realizan trabajos manuales y sin cualificar, constituyen los grupos de alto riesgo y deben considerarse como prioridad en las políticas de seguridad y salud en el trabajo».

Va más allá, porque advierte de que se deben adoptar medidas concretas para reducir los accidentes que se producen en el trayecto de ida y vuelta al centro de trabajo, porque, «aunque se reducen los accidentes, lo hacen de una manera más tímida que el resto de la actividad productiva».

Un elemento que reclama el estudio es que «los trabajadores mayores de 55 años deberían ser considerados como población diana en las futuras intervenciones preventivas frente a las lesiones mortales por accidentes de trabajo». Determina que los sectores Construcción y Servicios deben ser «los de mayor preocupación» para actuar con prevención efectiva.

En el Estado español, se incumple de manera reiterada la legislación en materia de prevención de riesgos laborales. Los empresarios no ponen las medidas adecuadas para evitar siniestros y el impacto de las enfermedades profesionales, que además son ocultadas por parte de las instituciones sanitaria con el fin de no implicar a los empresarios y a los servicios de prevención de manera directa.

Juanjo BASTERRA

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