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José Domingo Ormaetxea, César Arrondo y Santiago Bereciartua Militates de PNV, EA e Izquierda Vasca, respectivamente

Judicializar la política es impedir el diálogo

Instamos a las fuerzas políticas y sociales a deponer posiciones sectoriales, a trabajar por la unidad para lograr los objetivos nacionales

El proceso de normalización política en Euskal Herria se encuentra detenido, y esta dinámica se ha acentuado luego del atentado ocurrido en Barajas, cuando la irresponsabilidad ha podido más que las palabras. Pero también resulta justo remarcar la poca predisposición del gobierno de Madrid para producir los gestos necesarios, con el propósito de construir un espacio de resolución del conflicto vasco.

La negación de una salida democrática ha sido y será la moneda corriente de grupos de ultraderecha, antidemocráticos, que por todos los medios quieren impedir una solución negociada al contencioso vasco, es más, pretender llevar al banquillo de los acusados a actores representativos de la política vasca. El pasado lunes comparecieron ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el lehendakari Ibarretxe y Arnaldo Otegi, entre otros, por haber cometido el delito de dialogar, buscando fórmulas e ideas para lograr la paz y normalización política.

Todo indica que lo que huela a vasco debe ser judicializado o prohibido, mientras detrás de esta pantomima judicial el Partido Popular amenaza a partir de su manifiesta intolerancia, presionando al Gobierno de Madrid e impidiendo la implementación de cualquier posibilidad de diálogo y bregando por la instauración del tan nefasto paradigma de las dos españas.

Más allá de estas presiones, el Gobierno de Madrid ha producido un gesto al trasladar a Euskal Herria a Iñaki de Juana. Pero quedan pendientes otras tareas que competen a todos, como, por ejemplo, impulsar una mesa de resolución en Euskal Herria, sin agendas ni protagonismos; terminar con todo tipo de violencia, renunciando expresamente a la misma como método de resolución del conflicto vasco; producir cambios en la política penitenciaria; derogar la Ley de Partidos; exponer los proyectos políticos con claridad y sin oportunismos personales o sectoriales; trabajar para lograr la unidad de la sociedad vasca en un marco de convivencia democrática, donde el derecho a decidir sea el punto de partida para la construcción nacional.

Desde la diáspora entendemos que somos parte del conflicto, como así también de su solución. En este sentido, instamos a las fuerzas políticas y sociales a deponer posiciones sectoriales, a trabajar por la unidad con el fin de lograr los objetivos nacionales y a tender la mano generosa del diálogo, sin exclusiones; en definitiva, a ser contestes con los principios y la cultura de un pueblo milenario que espera con ilusión que sus objetivos de paz y normalización política se cristalicen para, de esta manera, poder construir un futuro de dignidad, en un marco de democracia y libertad.

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