El 3 de setiembre de 2002 el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, acudía al Tribunal Supremo con la demanda de ilegalización para -según sus propias palabras- «liberar a una parte de España del asedio de los nazis de un partido que se llama Batasuna». Hoy, cuatro años y medio más tarde, el ahora fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, sigue los pasos de su antecesor y vuelve al Tribunal Supremo con otra demanda de ilegalización, en esta ocasión la de Abertzale Sozialisten Batasuna, porque, a su entender, «sencillamente es la misma fuerza política, a la que se pretende dar un pequeño barniz». Primera conclusión: las grandilocuentes frases de Jesús Cardenal se quedaron en fuegos artificiales porque, a la vista está, el tiempo pasa pero la izquierda abertzale sigue sin desaparecer, para quebradero de cabeza de quienes pretenden parar el viento con leyes y sentencias judiciales.

La actuación del Gobierno de Zapatero, promoviendo la ilegalización de ASB, concitó ayer el aplauso del presidente del PP, Mariano Rajoy. A su entender, el mayor golpe que se le ha dado a ETA y a Batasuna fue la Ley de Partidos, porque les dejó fuera de las instituciones y «les dejó -asegura textualmente- sin dinero, sin recursos y sin posibilidades de hacer política». Si esto es así, ¿por qué Batasuna constituye hoy por hoy la mayor preocupación del Partido Popular? Sin dinero, sin recursos y sin posibilidades de hacer política, ¿quiénes son esas mujeres y hombre que están cada día en los medios de comunicación, hacen que todo el mundo -incluido Rajoy- hable de ellos, presentan propuestas que se convierten en ejes de debate y, además, organizan actos como el del pasado sábado en el BEC, llenando un pabellón con el que ningún partido se ha atrevido?

Para intentar detener esa fuerza social la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron ayer dos demandas de ilegalización de ASB ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo. Ambas instituciones se basan en aspectos puramente formales puesto que, como reconoce el recurso del Abogado del Estado, «esta demanda no está fundada en la actividad desarrollada por dicha organización, por la sencilla razón de que la misma no es todavía partido político y, por consiguiente, no ha desarrollado ni desarrolla actividad política en dicha condición». El argumento de la demanda es «la convicción fundada» de que «ASB es sucesora y continuadora de la actividad de partidos ilegalizados y disueltos encuadrados en el complejo Batasuna».

Quienes pretenden la ilegalización de ASB se fijan, por ejemplo, en la inclusión del término Batasuna en su nombre. Una palabra «proscrita» según la Fiscalía, proscripción que la Abogacía del Estado trata de explicar afirmando que «el término `batasuna' -que no pasaría de ser un sustantivo de la lengua euskera-, ha adquirido en la semiología política española de los últimos años un significado pre- ciso, al referirse al conjunto de organizaciones encuadradas en el genérico concepto del complejo Batasuna, tal y como lo ha denominado el Tribunal Supremo para referirse a la estructura política complementaria de la actividad terrorista de ETA (cfr. la sentencia de 27 de marzo de 2003). Por consiguiente, la utilización del sustantivo Batasuna es suficientemente significativa de la sucesión o continuidad entre la organización que pretende constituirse como partido político y las formaciones políticas ilegalizadas y disueltas integrantes del complejo Batasuna», apostilla.

El argumento resulta llamativo porque es la propia Abogacía del Estado la que en su demanda de ilegalización de Batasuna acuña el concepto «complejo Batasuna», que luego el Tribunal Supremo hace suyo en un par de ocasiones en la sentencia pero a título meramente enunciativo, sin definirlo ni dotarlo de contenido jurídico. Y ahora la Abogacía vuelve sobre el tema y eleva dos palabras a la categoría de «estructura política».

Pero si la cuestión del nombre pudiera ser anecdótica, por técnicamente subsanable, no lo es tanto el de los promotores del nuevo partido, en realidad, de cualquier nuevo partido. La Fiscalía General pretendió ayer sentar la doctrina de que «de la misma manera que la expresión Batasuna no es reutilizable, los miembros de la Mesa Nacional de un partido ilegal no pueden promover una nueva fuerza política sin caer en la continuidad».

Si este argumento se aceptara significaría que la izquierda abertzale no podría nunca legalizarse, salvo que cambiara por completo de dirigentes. Pero eso sería otra cosa, no sería el partido de la izquierda abertzale. Y, precisamente, lo que el escenario político vasco -y también el español- necesita es que se pueda contar con una formación legal que represente a las decenas de miles de personas que conforman la base social de la izquierda abertzale.

Por cierto, resulta muy tramposa la afirmación que hace la Fiscalía de que «la ley pide a los tribunales que valoren cualquier indicio de proximidad a la lucha armada, a la violencia, y resulta que la promotora principal, María Jesús Fullaondo, se encuentra imputada por integración en banda armada». La causa que se sigue contra ella viene de haber tomado la palabra al final de una manifestación celebrada el 30 de setiembre en Bilbo con el lema «Eus- kal Herriak autodeterminazioa». Garzón valoró que fue un acto de Batasuna. Esa es toda su relación «con banda armada».

Tampoco resulta menor la argucia de la Abogacía del Estado de restar cualquier importancia a las declaraciones estatutarias del nuevo partido. En su escrito señala que las afirmaciones en favor de «la democracia, la libertad, la justicia y la igualdad y la solidaridad» que figuran en los estatutos de ASB «no dejan de ser retóricas y formales», incluidas «las referencias al artículo 6 de la Constitución Española o a la Ley Orgánica de Partidos Políticos». Para ilustrarlo recoge distintos pasajes de los estatutos de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, en los que se hacen afirmaciones semejantes.

Sin embargo, ni siquiera el recurrente puede pasar por alto que en los estatutos de ASB se asegura que desarrollará su actividad «empleando para ello, exclusivamente, vías políticas y democráticas».

La Abogacía señala que «aunque no puede negarse que el inciso final constituye un elemento diferenciador de anteriores proclamaciones estatutarias de las formaciones políticas ilegalizadas; no expresa una inequívoca y explícita renuncia o rechazo del terrorismo como medio para la consecución de fines políticos, a diferencia de lo que sucedió en el caso del partido político Aralar».

Y si la Abogacía del Estado exige «el rechazo de la violencia» como «contraindicio» suficiente para olvidarse de todo lo demás, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, va más lejos y afirma que ni siquiera ha entrado a examinar esa parte «porque nos parece que es tan claro el incumplimiento de la ley que cualquier cosa que dijeran en la segunda parte (condenar la violencia) sería absolutamente inútil».

La demanda presentada contra ASB tiene la importancia de ser la primera, puesto que hasta ahora el Tribunal Supremo español nunca había tenido que intervenir en un caso así y, por lo tanto, «no existe sentencia ni resolución judicial alguna-como señala la Abogacía- que se haya pronunciado sobre qué elementos de prueba o indicios deben concurrir para que pueda considerarse acreditado que una organización que persigue constituirse como partido político y solicita su inscripción en el registro correspondiente, sucede y pretende continuar las actividades de una formación política previamente ilegalizada y disuelta».

El Tribunal Supremo ha abierto un incidente de ejecución de sentencia y ha dado un plazo de diez días a los promotores de ASB para que respondan a los escritos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y efectúen sus alegaciones. Ni que decir tiene que, digan lo que digan los promotores y con o sin cambios en la polémica composición de la llamada Sala del 61, la sentencia final será favorable a los intereses del Estado.

El Gobierno español, a través de sus abogados y fiscales, ha pintado un futuro muy negro a la izquierda abertzale. Esa, precisamente, parece ser su estrategia en estos momentos. Quiere hacer ver a la base social del independentismo de izquierdas que camina hacia el precipicio, para probar si así consigue doblegarla.

Porque aquí, en el fondo, lo que ocurre es que sigue sin dilucidarse la cuestión de base: la naturaleza del proceso, es decir, si ha de tener o no calado político. Si al final se busca un nuevo marco democrático o sólo el acabar con ETA; o si -como pudiera lograrse si las cosas se hiciera adecuadamente- resulta posible hacer compatibles los intereses de todas las partes en beneficio de Euskal Herria y del Estado español.