El Gobierno de Colombia y la comunidad internacional deben aumentar la ayuda a los desplazados a raíz de la fumigación de cultivos ilícitos, por ser «las víctimas olvidadas de la crisis», afirmaron ayer grupos humanitarios. La situación, que incluye casos de violencia sexual relacionados con el conflicto armado, se ha agravado y requiere respuestas contundentes, advirtió Barbara Hintermann, jefa del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) en Colombia.

Según el ICRC, el conflicto provocó un incremento del 21% en el desplazamiento masivo y del 34 % en el de individuos en 2006. Las áreas más afectadas son Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Meta, donde la situación «se ha vuelto muy complicada», señaló Hintermann.

Se calcula que el conflicto colombiano ha ocasionado el desplazamiento de al menos dos millones de personas y, durante un foro del ICRC, diversos grupos humanitarios pidieron la ayuda del mundo para afrontar esta crisis.

«Enorme insuficiencia»

Los desplazados son, en su mayoría, campesinos que pasan, literalmente, de la selva a los centros urbanos, donde afrontan trabas para acceder a programas de ayuda.

El Gobierno colombiano designa fondos para ayudar a los desplazados, pero «hay una enorme insuficiencia» en los programas de desarrollo social y otras soluciones a largo plazo.

Lamentó que muchas familias desplazadas por las operaciones de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos, principalmente mujeres y niños, «no reciben asistencia ni del Gobierno ni de otras instituciones».

Andrea Lari, activista de «Refugees International», enumeró las trabas que afrontan los desplazados para acceder a fondos crediticios, subsidios de vivienda, ayuda alimentaria o programas de generación de empleos en zonas urbanas.

Aunque el Gobierno de Álvaro Uribe «ha hecho mucho más» que gobiernos anteriores, «no está valorando el tamaño de las necesidades» y los cerca de 400 millones de dólares destinados a atacar el problema son «insuficientes», indicó Lari a Efe.

Agregó que en los esfuerzos de fumigación no deben pagar justos por pecadores, ya que esas operaciones «son precedidas de acciones militares que provocan desplazamiento... y no sólo atacan cultivos ilícitos sino también los legales».

«No todos (los cultivadores) son criminales y no todos cultivan coca, pero terminan afectados por las fumigaciones. Esta gente necesita ayuda», señaló Lari, para quien el «problema con las propuestas de desarrollo alternativo está en su aplicación».